CCOO reclama al Gobierno otra política fiscal

  • Ante el aparente anuncio del Gobierno de acelerar el ajuste fiscal en 2017

Recientes informaciones indican que el Gobierno dice prever cumplir con el compromiso de situar el déficit en el entorno del 3% a finales de este año, abandonando con ello la situación de tutela europea en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo al que está sometida España en la última década.

03/11/2017.

Salir de ese marco de tutela sería, sin duda, una buena noticia, que debe servir para disponer de márgenes presupuestarios adicionales para desarrollar políticas públicas necesarias para nuestro país.

No obstante, CCOO reitera su denuncia sobre los importantes costes sociales que está teniendo la política de ajuste presupuestario en un periodo más breve del que el país puede permitirse. Esto puede apreciarse con claridad en materia de protección social (desempleo, rentas mínimas, pensiones), sanidad pública y gasto farmacéutico, servicios sociales y atención a la dependencia... Pero también en la caída en la inversión pública, la financiación de servicios públicos básicos, el empleo público y la apuesta por impulsar, desde las políticas públicas las actuaciones necesarias para cambiar un modelo productivo manifiestamente mejorable.

Pero ni tan siquiera eso era inevitable si la política fiscal en nuestro país hubiera sido otra. La rebaja fiscal previa a las elecciones generales de 2015 ha supuesto más de 12.000 millones de pérdida de recaudación, además de renunciar durante todo este periodo a corregir un déficit básico en la capacidad de actuación de nuestros poderes públicos: la diferencia negativa en la capacidad de recaudación fiscal de España respecto de los países de la Eurozona, de forma sostenida en el tiempo, en más de 6 puntos porcentuales del PIB, lo que lastra cualquier capacidad de intervención pública. Eso es una opción política de la que el Gobierno es responsable.

CCOO emplaza al Gobierno a mejorar la capacidad de actuación de nuestras administraciones públicas, en todos sus niveles (estatal, autonómico o local), abordando, con el mayor consenso posible, una reforma fiscal que permita alcanzar en el menor plazo posible una capacidad de intervención pública comparable a la de los países de nuestro entorno y con ello, afrontar el fin del periodo de tutela de las instituciones comunitarias, desarrollando las políticas públicas que este país necesita, tanto en materia de inversión pública como de protección social y atención a las personas.

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