Denuncian la discriminación impuesta por Julián Maqueda, empresario de GESTIPACK, consentida por la multinacional alemana DHL y de la que también se aprovecha UNILEVER, con cuyos productos trabajan estas mujeres, reduciendo gastos y aumentando beneficios a costa de las trabajadoras.

El empresario se niega a retirar los 86 despidos, todas mujeres salvo dos hombres, con los que pretende extinguir los contratos de toda la plantilla. Esta decisión de GESTIPACK tiene su origen en las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra la empresa, tras la denuncia de CCOO por incumplir el Convenio Colectivo de aplicación en materia salarial, pagando a la plantilla por debajo de lo establecido legalmente, recortando además derechos e incurriendo en fraude a la Seguridad Social. Las deudas salariales y con la Seguridad Social ascienden ya a unos 900.000 euros.

Cuando la Inspección de Trabajo comprobó la actuación fraudulenta de GESTIPACK y ordenó a la empresa atenerse, en todos sus términos, al Convenio Colectivo de Logística y Transporte de Mercancías de Toledo, la decisión empresarial fue la de despedir a toda la plantilla, mientras la empresa principal, DHL, optaba por un cambio en la contrata.

“Es llamativo ver cómo un supuesto empresario y una multinacional se aprovechan de la situación de necesidad de decenas de mujeres para, con graves incumplimientos legales, obtener unos mayores beneficios con un negocio que deja de ser interesante cuando la autoridad laboral les obliga a cumplir la ley y tienen que competir en igualdad de condiciones con las empresas que ya la cumplen. Cuando no pueden seguir explotando a la plantilla es cuando llegan el ERE y los despidos”, denuncia CCOO.

“Lo que estaba ocurriendo en Gestipack / DHL es un ejemplo incuestionable de la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres en nuestro país, de la brecha de género que hay que erradicar de nuestro mercado laboral”, recalca el sindicato.

Las trabajadoras y trabajadores, junto con el sindicato CCOO, instan a la contrata y a la empresa principal a asumir su responsabilidad laboral y social, continúan reclamando el amparo de la Inspección de Trabajo y exhortan a las administraciones públicas y a los partidos políticos a posicionarse en este asunto, a pasar de las denuncias retóricas sobre la brecha salarial a las actuaciones efectivas