La brutal agresión en Navalcarnero muestra la situación límite del personal de prisiones

    Una nueva agresión de extrema gravedad se ha producido en una prisión, ayer en la de Navalcarnero, en Madrid, donde varios funcionarios han sido agredidos, con graves lesiones tres de ellos, y la urgente intervención quirúrgica a uno de ellos al que le arrancaron el pabellón auditivo.

    23/07/2018.
    Cárcel de Navalcarnero

    Cárcel de Navalcarnero

    Las agresiones en las prisiones españolas tienen un crecimiento exponencial según denuncia CCOO, situando a las mismas con las mayores tasas de siniestralidad a nivel europeo, con más de un 40% de los accidentes laborales como consecuencia de agresiones físicas. Sólo en la última semana se han producido agresiones físicas en varias prisiones: A Lama, Cáceres, Lanzarote, Picassent, y ayer en Navalcarnero, con más de 10 funcionarios afectados.

    Esta epidemia de violencia en el trabajo contra el personal penitenciario pone de manifiesto para CCOO la incapacidad del Protocolo contra las Agresiones (PEAFA) que implantó el anterior Gobierno para atajar esta lacra.

    CCOO denuncia que el PEAFA es un instrumento más político que preventivo, que no aborda las causas de las agresiones, responde a parte de las consecuencias y solo sirve para infravalorar las mismas estadísticamente, reconociendo únicamente 15 agresiones mensuales, situando la responsabilidad de las mismas en la profesionalidad del personal.

    Para CCOO las causas de las agresiones son multifactoriales, y por tanto las medidas así deben de ser para abordarlas. El sindicato señala que, entre esas causas, está la carencia de más de 3.400 plazas sin cubrir en las prisiones, las altas tasas de patologías mentales de la población reclusa -que requieren ser abordadas con personal, tratamiento y programas especializados -, la falta de implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 en las prisiones, así como la situación de no reconocimiento de agentes de autoridad al personal penitenciario, o programas específicos de formación, de asistencia jurídica o sanitaria para las víctimas de éstas agresiones, que superan las 400 anualmente.

    CCOO exige al Ministerio del Interior y a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, una política preventiva, de protección y de apoyo al personal penitenciario, que pasa por la negociación de un nuevo protocolo contra las agresiones que aborde las causas de las mismas y aplique medidas de protección frente a los riesgos laborales desde la salud laboral y las medidas de seguridad.

    El sindicato manifiesta sus deseos de que todos los compañeros agredidos tengan una pronta y completa recuperación, pero además demanda una toma de conciencia de una plaga contra la que nadie parece querer actuar, a pesar de haberse convertido en un problema de salud pública y en un elemento que redunda negativamente en el trabajo de la reinserción en el interior de las prisiones.

     

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