Comisiones Obreras de Madrid | 18 abril 2024.

CCOO reclama que se apliquen los incrementos retributivos aprobados por Hacienda a los tribunales de la función pública docente

    11/02/2019.

    La Consejería de Educación pretende, sin base alguna, que la Resolución de 3 de enero de 2019 de la Consejería de Hacienda no sea de aplicación al funcionariado docente de la Comunidad de Madrid.

    CCOO denuncia que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva años, incluso décadas, sometiendo a los tribunales de oposición del profesorado y demás tribunales en los que intervienen funcionarios y funcionarias docentes a unas condiciones laborales más que precarias, lamentables; prueba de lo cual es su reciente oposición a la mejora dictada por Hacienda.

    El pasado 17 de enero se publicó una Resolución de la Consejería de Hacienda en la que se contemplan unos complementos beneficiosos para los miembros de tribunales, pues se suman a las indemnizaciones que estos perciben atendiendo a la carga de trabajo, al horario, a los días no lectivos trabajados y a otras condiciones especiales del desempeño propio de su labor.

    Sin embargo, la Consejería de Educación pretende que estas mejoras no sean de aplicación, con la excusa de que los cuerpos docentes son de ámbito estatal y no de la Comunidad de Madrid, cuando –según informa CCOO- es de sobra conocido que fueron transferidos en virtud del Real Decreto 926/1999. Por otra parte, la propia resolución recoge, en su ámbito de aplicación, a todos los cuerpos de funcionarios y funcionarias, y no solo a los de la Comunidad de Madrid.

    CCOO considera que esta decisión constituye un menosprecio a la función pública docente e incluso un insulto a la inteligencia de todas las personas que desempeñan su labor en la Consejería de Educación, por lo que reclama que se rectifique y se apliquen las mejoras contempladas en la Resolución de la Consejería de Hacienda.

    El sindicato emprenderá las reclamaciones y acciones oportunas, tanto individuales como colectivas, para garantizar los derechos de los funcionarios y funcionarias docentes de la Comunidad de Madrid, tan duramente maltratados durante años y décadas por el gobierno del PP.