Comisiones Obreras de Madrid | 3 de junio de 2020

La desprotección a las personas y la precariedad laboral marcan la atención a la dependencia en Madrid

  • Así lo denuncia CCOO en un informe, que alerta además de la discrecionalidad y opacidad con las que se aplica la ley
  • Más de 28.000 personas reconocidas como dependientes no reciben ningún tipo de ayuda

20/02/2020.
Ana González y Jaime Cedrún, durante la presentación del informe

Ana González y Jaime Cedrún, durante la presentación del informe

CCOO ha presentado este jueves un informe sobre la preocupante situación de la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, un sistema que nació de una ley que se puede considerar la más avanzada desde el punto de vista social amén de la de las pensiones, pero que en la región madrileña se utiliza de manera “partidista y perversa”.

Así lo ha denunciado la secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González, explicando que en la Comunidad de Madrid la atención a las personas dependientes sufre graves problemas de desprotección, además de aplicarse la norma con criterios discrecionales y con gran opacidad, y consolidándose una alta precariedad social y laboral.

Según las estimaciones del sindicato, el 7% de la población madrileña, unas 440.000 personas serían potenciales beneficiarias de este derecho. Sin embargo, la Administración regional cifra en un 3% las personas con algún grado de dependencia. Por tanto, la Comunidad de Madrid se encuentra lejos de un nivel óptimo de cobertura, además de situarse por debajo de la media del Estado en número de solicitudes, resoluciones y personas con derecho, y muy por debajo de autonomías de similar nivel económico como Cataluña o el País Vasco.

González explica cómo la situación ha empeorado en el último año después de una ligera mejoría, de forma que en 2019 las personas pendientes de valoración han aumentado un 1.000% y la lista de espera ha crecido en 8.600 personas. Del nivel de desprotección da cuenta que el 16% de las personas reconocidas como dependientes –más de 28.000- no reciben ningún tipo de ayuda, y el 25% de las solicitudes son denegadas por la Administración, lo que evidencia una aplicación restrictiva del acceso a este derecho.

Desde CCOO de Madrid se destaca que la Comunidad de Madrid apuesta por una asistencia de bajo coste, de amplia cobertura y de “baja intensidad”, es decir, aquella que no viene a resolver la situación de dependencia de las personas. Es el caso de la teleasistencia o de la ayuda a domicilio. En cambio, la atención residencial solo supone el 13% del total, sin que haya una apuesta por reforzar la red pública de residencias. Por el contrario, cerca del 70% de los recursos asistenciales se gestionan desde lo privado. El sindicato pone de relieve además que la Administración está haciendo una apuesta clara por el llamado cheque servicio, que ha aumentado un 80% desde el año 2015, en detrimento de la prestación de servicios.

Reconsideración general del modelo

Por último, CCOO denuncia la alta precariedad laboral en la atención a la dependencia, que debería ser un sector económico de futuro. Para el sindicato la temporalidad, los exiguos salarios y la escasez de las plantillas tienen que ver con la alta privatización del sector. “No se puede someter a una persona dependiente al mercado”, reflexiona el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, que reclama una “revisión” del actual escenario de “maltrato” a los profesionales, que son en su gran mayoría mujeres, dotándoles de más estabilidad y mejor remuneración. Es evidente que la precariedad laboral repercute negativamente en la calidad del servicio que se presta, que a juicio del sindicato debería contar con 140.000 trabajadores y trabajadoras más.

Cedrún demanda a la Comunidad de Madrid una memoria de los servicios sociales en la región, que no existe, y que se haga una “reconsideración general” del sistema, yendo hacia un modelo más profesionalizado, con más infraestructuras y con mejores procedimientos de control. Entre las propuestas de CCOO está la elaboración de un plan director para “activar” la Ley de Dependencia, tal y como ocurre con la salud laboral, que está ofreciendo buenos resultados.

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