Tras la declaración del estado de alama, día 14 del pasado mes de marzo, la decana de los Juzgados de Madrid, de común acuerdo con la Consejería Justicia (como contratante de los servicios de una empresa de mudanzas), decidió suspender la mudanza que de los Juzgados civiles de la calle María de Molina de la capital, a la nueva sede judicial de la calle Rosario Pino.

A pesar de mantenerse la emergencia sanitaria y el estado de alarma, el 16 de abril, con menos de dos hábiles de antelación, la juez decana de Madrid dictó un Acuerdo Gubernativo en el que, sin justificación alguna, disponía la reanudación de la mudanza, que afecta a 8 juzgados, desde el lunes día 20 de abril, “previa la adopción de las oportunas medidas de protección individual que eviten el contagio del coronavirus”.

CCOO considera especialmente grave que en la situación excepcional actual se reanude la mudanza con el riesgo de contagio que supone el trasiego de operarios y del personal del juzgado que impide las mínima distancias de seguridad de 2 metros (ha sido el caso, ya hoy, con el primero de los Juzgados trasladados en el que, al menos, había 11 personas cuando se ha fijado por el Ministerio de Justicia una asistencia de tan sólo un funcionario/a en aplicación del estado de alama y las indicaciones de las autoridades sanitarias); la manipulación de plásticos, cajas, mobiliario, equipos informáticos, fotocopiadoras, expedientes, etc., susceptible de transmisión del virus durante el embalaje y desembalaje y de infectar las zonas comunes tanto de las sedes judiciales de origen como de destino (ascensores, vestíbulos, escaleras, etc.) y por tanto a las personas que las utilizan.

El sindicato denuncia que la Consejería de Justicia se ha desentendido por completo de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de los juzgados afectados por esta mudanza, a los que no ha dotado de ninguno de los mínimos materiales de protección individual: ni guantes, ni geles higienizantes ni mascarillas, que tienen que comprase lo propios trabajadores y trabajadoras; tampoco se han valorado las condiciones más óptimas para asegurar las distancias de seguridad y ni siquiera se ha previsto la desinfección de las nuevas oficinas de los juzgados tras finalizar la mudanza y con carácter previo a su utilización por las personas trabajadoras, ni de las zonas comunes de la nueva sede judicial

CCOO lamenta que, a pesar de la gravedad del impacto del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Justicia ha demostrado una absoluta falta de empatía con los trabajadores y trabajadoras, lo contrario que frente a la judicatura y fiscalía, en su característica actitud clasista. Durante semanas no llegaron EPIS, y cuando lo hicieron en cantidad muy insuficiente. Su forma de reparto provocó que, en algunos partidos judiciales, se priorizara la salud de los funcionarios y funcionarias de mayor categoría profesional mientras que el personal, la gran mayoría, que atiende al público, se quedaba sin ellos.

Desde el 12 marzo no ha mantenido ninguna reunión con los sindicatos representativos, incluso se han negado a convocar el Comité de Seguridad y Salud, secuestrando la participación de los trabajadores y trabajadoras en la planificación, programación, control y valoración de las medidas preventivas y de protección en las sedes judiciales madrileñas; y la información, muy importante, en esta dura excepcionalidad, sobre el impacto de la pandemia en la Administración de Justicia madrileña (contagios, cuarentenas, órganos y servicios afectados; necesidades adicionales, etc.).

CCOO acusa a los responsables de la Consejería de Justicia de esconderse, ahora, en la Orden del Ministerio de Sanidad, SND/261/2020, de 19 de marzo, que ha encomendado al Ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de todo lo Estado, para eludir sus responsabilidades, a sabiendas de que mantiene intactas todas sus competencias en materia de personal.

Mientras el Real Decreto del Estado de alama y sus prórrogas, así como las normas complementarias, hacen hincapié en reforzar el teletrabajo y, en otros ámbitos, incluido el Ministerio de Justicia, ha habido reuniones con los sindicatos representativos para negociar su implantación, también en esto la Consejería de Justicia madrileña sigue sin responder. Tampoco lo hace para valorar en qué condiciones y tiempos se podrá realizar la fase de “desescalamiento”, teniendo en cuenta que la situación de la mayoría de las sedes judiciales madrileñas no es adecuada para cumplir las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios por COVID-19.