Comisiones Obreras de Madrid | 22 de octubre de 2020

CCOO cuestiona el compromiso del Gobierno de Ayuso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social

    17/06/2020.
    Voluntarias de la Asociación Vecinal de Aluche repartiendo comida

    Voluntarias de la Asociación Vecinal de Aluche repartiendo comida

    La secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO Madrid, Ana González, resalta el “gran esfuerzo y trabajo” realizado por las redes de solidaridad vecinal en la contención de la emergencia alimentaria y critica al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que “deberían dar auténtica vergüenza” las llamadas ‘colas del hambre’. “Son escenas de posguerra indecentes e intolerables” en la región más rica del país.

    CCOO de Madrid, a través de su secretaria de Política Social y Diversidad, Ana González, ha cuestionado el compromiso del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, en concreto, contra la que se ha generado tras la crisis provocada por el COVID-19. González ha resaltado el “gran esfuerzo y el gran trabajo” realizado por las redes de solidaridad vecinal en la contención de la emergencia alimentaria tras la crisis del coronavirus y, al tiempo, ha criticado al Ejecutivo de la Comunidad, al que “deberían dar auténtica vergüenza” las llamadas ‘colas del hambre’. “Son escenas de posguerra indecentes e intolerables” en la región más rica del país.

    González, que ha señalado como un “gran avance social” la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y como la “materialización de una histórica reivindicación del movimiento sindical”, ha reprochado el “poco compromiso” del Gobierno del Partido Popular a la hora de ver su encaje en la Comunidad de Madrid con respecto a la Renta Mínima de Inserción (RMI) que ya existía previamente. A su juicio, el Ejecutivo de Ayuso puede entender el IMV como un elemento “para liberar presupuesto” y como un mecanismo “de desahogo”. “Desde CCOO –afirma Ana González- creemos que la REMI deber ser reorientada, readaptada, reforzar su carácter subsidiario y complementario al IMV”, pero también tiene que avanzar e “incorporar un catálogo de nuevas prestaciones” que se conviertan en derechos en la región y sirvan para cubrir necesidades vitales.

    La ley de Renta Mínima en la región fue un enorme avance que ha sido “tremendamente pervertido” y, gestionada “de una manera ideológica”, nos ha llevado a una situación de “clara desprotección”. Con un 19% de pobreza y casi 5% de pobreza severa, la RMI solo da cobertura a unas 22.000 familias (unas 100.000 personas aproximadamente), cuando la pobreza severa afecta al menos a 300.000.

    Ana González ha valorado muy positivamente el trabajo desempeñado por el movimiento vecinal en toda la Comunidad de Madrid, que ha logrado contener y dar una respuesta inmediata a uno de los principales problemas ocasionados por la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y económica, el problema alimentario. Miles de personas han hecho cola a las puertas de las asociaciones de vecinos para poder abastecerse de alimentos básicos con los que poder hacer frente a las necesidades más básicas de sus familias.

    Sin embargo, la dirigente sindical ha advertido de que en las redes de solidaridad “no puede descansar la responsabilidad de la lucha contra la pobreza estructural”, ya que esta “debe ser atendida y contenida por las políticas públicas”. Los servicios sociales son un sistema de protección social fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y en la prevención de las desigualdades. Pero en la Comunidad de Madrid, apunta Ana González, han sido “profundamente maltratados e infradotados, y han sido incapaces de absorber el incremento de las situaciones de pobreza y de exclusión social”, además del aumento de casos provocado por la crisis del COVID-19.

    Para Ana González, que ha explicado los errores y recortes llevados a cabo sobre los servicios sociales tras la crisis de 2008, es necesario que ahora sí se produzca esa “reflexión y esa transformación”, y que los servicios sociales “se pongan al mismo nivel que otros servicios de protección social”. “Es fundamental –señala- que la ciudadanía defienda también con la misma beligerancia los servicios sociales públicos como defendemos la Sanidad y la Educación”.

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