Comisiones Obreras de Madrid | 19 abril 2024.

CCOO valora positivamente la aprobación del Fondo de recuperación europeo

    Las transferencias y créditos europeos deben impulsar las reformas que necesita España, entre otras la modernización de nuestro modelo laboral y la reversión de la reforma laboral.

    22/07/2020.
    Un hombre anda por el aparcamiento vacío de una zona comercial en Madrid el pasado mes de abril

    Un hombre anda por el aparcamiento vacío de una zona comercial en Madrid el pasado mes de abril

    La Unión Europea se enfrenta a una crisis económica sin precedentes en tiempos de paz, y provocada por causas ajenas a las estrictamente económicas. Los efectos de una pandemia, desconocidos en nuestra historia económica, han hecho perentoria la necesidad de una respuesta sin precedentes en la historia de la Unión.

    Necesitábamos una mayor integración fiscal de la Unión Europea, y una respuesta diametralmente distinta a la que se dio a la crisis de 2008. Los estados de la Unión no podían volver a ser sometidos a las tensiones por el encarecimiento de las primas de riesgo y las políticas de devaluación interna que precipitaron una segunda recesión en 2010.

    El riesgo de una fragmentación en la UE, de una Europa a dos velocidades y cada vez más asimétrica, está constantemente presente en la historia reciente de la Unión. La existencia de opciones políticas reaccionarias, incluso de extrema derecha, o abiertamente eurófobas, así como el precedente del Brexit, situaban a la Unión en una posición cercana al “ser o no ser”.

    En este contexto hay que analizar el acuerdo para el fondo de recuperación económica, que sin duda constituye un hito en cuanto que se financiará mediante un proceso de deuda mancomunada, tiene una importante dotación económica -aunque insuficiente respecto a las enormes retos ante los que nos sitúa la crisis-, y en principio, suficientes elementos para evitar una condicionalidad “austericida”.

    El reto es emplear estos recursos para mejorar nuestro sistema productivo -con especial atención a las transiciones que supone la digitalización de la economía y la reducción de emisiones- , la resistencia de nuestro sistema sanitario y la cohesión social. Y en sentido contrario, evitar reproducir reformas antisociales -pensiones, laboral o de desempleo- como las que sufrió nuestro país en la anterior crisis.

    CCOO emplaza al Gobierno a poner en marcha las reformas necesarias para modernizar nuestro modelo laboral, haciéndolo más inclusivo, justo, democrático y eficaz. Para ello hay que desterrar las prácticas y reformas pensadas para la devaluación salarial y la precarización del empleo. Empezando por la nefasta reforma laboral del año 2012.

    Igualmente pensamos que el diálogo social debe ser un cauce clave para la canalización e inversión de los fondos de reconstrucción. España debe hacer un ejercicio de anticipación sobre los sectores productivos que van a tener un recorrido en el futuro, pensando en el país a construir en las próximas dos décadas. Sobre ese ejercicio, desarrollar políticas sectoriales en las que reforcemos las debilidades de nuestro país (sistemas de cualificación permanente, tamaño medio de las empresas, precios e inputs energéticos, por citar algunos) y canalicemos correctamente los recursos.
    La generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de un modelo de protección social y de servicios públicos que sirvan para rehacer un contrato social para el siglo XXI, deben ser el objetivo.

    CUANTÍA
    El total de 750.000 millones de euros del Fondo de recuperación europeo aprobados ayer por el Consejo Europeo, de los cuales 390.000 millones serán en forma de ayuda directa, más los 1.074 Millones de euros del presupuesto comunitario para los próximos 7 años, suponen una inyección económica que permitirá a los Estados miembros financiar parte de los costes que han asumido como consecuencia de la COVID19.

    Aunque relevante, previsiblemente será una cuantía insuficiente para hacer frente a todos los retos generados y para una auténtica transformación verde y digital y para poder responder adecuadamente a las prioridades sociales.

    En el caso de España, donde se prevé la llegada de 140.000 millones de euros del Fondo, 72.700 de ellos en forma de ayudas directas -lo que supone 5.000 MEUR menos de lo propuesto inicialmente por la Comisión Europea- evitará el sobreendeudamiento al tratarse de eurobonos garantizados directamente por la UE.

    DEUDA COMÚN
    Debe valorarse positivamente el hecho de que se trate de deuda común europea, ligado al presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027 y financiados a través de la emisión de bonos. Como también a que se suma al balón de oxígeno que supuso la eliminación de la obligación de cumplimiento de las normas sobre déficit y deuda europeas. El presupuesto del Fondo de Recuperación debe sumarse al Plan Anticrisis (240.000 MEUR a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), 100.000 MEUR SURE para protección por desempleo y los 200.000 MEUR de la línea de crédito a través del BEI (Banco Europeo de Inversiones). En total se trata de 2,36 billones de euros.

    Para acceder al Fondo, los estados deberán presentar planes de reformas en base al Semestre europeo. El dinero del fondo deberá utilizarse para mejorar los sistemas sanitarios, mejora del tejido productivo con digitalización, transición a economías con menos emisiones de carbono y la cohesión social.

    La voluntad de obstrucción que planteaban los “frugales” (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia) y que proponían que la concesión de las ayudas estuviera condicionada a la aprobación por unanimidad de todos los estados, se ha transformado en mayoría cualificada a cambio del establecimiento del “superfreno de emergencia”, que consiste en la capacidad de demorar temporalmente las medidas, pero no revertir las mismas en modo alguno. Además se han aumentado los “cheques compensatorios”, es decir, la rebaja de la contribución al presupuesto de la UE de los países más reacios a la mutualización de la deuda. La condicionalidad ligada al estado de derecho, que ha quedado más en una declaración de intenciones que de un control democrático.

    A partir de ahora, CCOO exige que los fondos europeos se hagan efectivos con la máxima celeridad posible y que en ningún caso su concesión pueda condicionarse a políticas de recorte del gasto social o sanitario o a reformas que empobrezcan a los trabajadores. En este punto se hace urgente la reforma de la gobernanza europea y el sistema de toma de decisiones para evitar que gobiernos antieuropeos tengan la capacidad de dinamitar el proyecto europeo en beneficio de sus intereses nacionales que en algunos casos van ligados a la preservación de, por ejemplo, paraísos fiscales.

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