Comisiones Obreras de Madrid | 22 de octubre de 2020

Comunicado de la Plataforma Regional por la Escuela Pública

    Llegó septiembre y desde la comunidad educativa se ha podido comprobar que todas sus preocupaciones han ido materializándose en desorganizadas acciones por parte de la Administración regional, dando tumbos y respuestas a destiempo con las que se ha conseguido crear, aún si cabe, más nerviosismo y caos en un inicio de curso ya de por sí complicado.

    17/09/2020.

    Es inadmisible que la Consejería no tuviese las plantillas completas el día 1 de septiembre, dado que este curso, más que nunca, se necesitaba una planificación responsable y unidad de acción que se ha traducido en ocurrencias sin consenso alguno con todas las partes implicadas. La improvisación, la falta de transparencia en cuanto a qué va dirigida la dotación económica que recibirá la Comunidad de Madrid, la inseguridad que conlleva la contratación “provisional” del profesorado que sólo abarca el primer trimestre… son cuestiones que aún no tienen respuesta.

    Los docentes y el resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos deben ser suficientes, formados e informados, para el tremendo y difícil reto que tienen por delante. Los refuerzos deben mantenerse durante todo el curso. Los protocolos de actuación ante casos sospechosos deben ser atendidos por un coordinador Covid con formación sanitaria, los teléfonos de Salud Pública deben garantizar la de- manda de atención de los centros educativos.

    Familias sin información, equipos directivos saturados obligados a cambiar sus estrategias de acción por los cambios de rumbo constantes de la Consejería. Alumnado sin poder opinar ni ser parte del proceso que les afectará en su formación…

    La inclusión es un derecho, no un privilegio, no vamos a consentir que no se garantice la atención de los más vulnerables. La Educación Infantil es la base de la educación de los niños y las niñas y merece, además de reconocimiento, la inversión y atención necesarias para garantizar que el derecho a la educación de los menores sea cubierto con la calidad que merecen.

    Los centros educativos deben tener las infraestructuras preparadas para poder acoger a docentes, alumnado, familias… Es inconcebible que en el siglo XXI sigamos en centros con obras, con falta de mantenimiento o centros, por ejemplo, sin apenas ventanas donde no se puede ventilar de una manera adecuada. El contacto con la naturaleza, los espacios al aire libre y la posibilidad de solicitar espacios municipales son opciones que se deben tener en cuenta.

    Y los recursos materiales, como las mascarillas para el alumnado ¿Dónde están?

    ¿Alguien ha caído en la cuenta que las familias en una situación vulnerable no van a poder soportar económicamente este gasto? ¿Alguien recuerda el artículo 27 de la Constitución española?

    A esto hay que añadir una gran carencia, la falta de democracia y participación. La escuela es reflejo de la sociedad y la que se está construyendo no es la que queremos. Para que un centro sea seguro, además de dotarle de los recursos materiales y humanos necesarios se le debe garantizar de dos herramientas fundamentales para toda la Comunidad Educativa: democracia y participación.

    La Plataforma exige que se garanticen los cauces de participación de la comunidad educativa ya que la valla de los centros delimita en momentos puntuales el acceso físico al centro pero no debe ser la barrera que separe a las familias de la escuela. Tomar las medidas higiénico-sanitarias pertinentes, facilitar las reuniones presenciales, dotar de los recursos y conexión necesarios, formar a la comunidad educativa en competencias digitales…

    La escuela pública es la garante de oportunidades de niños y niñas, es el eje vertebrador de la sociedad, cuna del futuro del país. Hay que respetarla y trabajar por y para ella, más quien ostenta la responsabilidad de la gestión pública que, supuestamente, debería ser su prioridad.

    La Plataforma Regional por la Escuela Pública está realizando y realizará todas las denuncias y movilizaciones que estime oportunas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de la Comunidad Educativa. Las organizaciones firmantes no cesarán en su empeño, más unidas que nunca por la Escuela Pública, de todos y todas y para todos y todas.

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