Comisiones Obreras de Madrid | 29 marzo 2024.

La condena al ex jefe de Anatomía Patológica del Gregorio Marañón por malversación continuada de caudales públicos es una ‘gota en el océano’

    26/10/2020.
    Hospital Gregorio Marañón

    Hospital Gregorio Marañón

    CCOO considera que evidencia la falta de control de la gestión en los servicios públicos y en la Sanidad Pública madrileña. La Unión Sindical de Madrid de CCOO se personó como acusación en este caso por considerar que existía un uso indebido de los servicios públicos

    La Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex jefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, Emilio Álvarez, y a la técnico de laboratorio, María Luisa Herranz, como autores responsables de un delito continuado de malversación de caudales o bienes públicos, aunque consideran atenuante la reparación del daño y dilaciones indebidas. CCOO de Madrid intervino como acusación en el juicio que condena a los dos sanitarios.


    El modus operandi consistía en que los condenados realizaban pruebas diagnósticas de elevado coste en el Hospital Gregorio Marañón que procedían de pacientes de dos hospitales privados de Madrid (San Rafael y Nuestra Sra. Del Rosario). Los costes de esas pruebas los asumía el erario público pero los condenados las facturaban a los pacientes y recogían los beneficios.


    Los hechos se produjeron entre los años 2012 y 2015. Los investigados llevaron a cabo en el laboratorio de inmunohistoquímica del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, el análisis de 2.770 muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas (1.701 de Nuestra Sra. Del Rosario y 1.069 de San Rafael). Se usaban las máquinas y los medios del hospital público pero el análisis de muestras procedían de pacientes de clínicas privadas y, una vez procesadas, se remitían a los hospitales privados de origen y eran facturadas a los pacientes o a sus compañías aseguradoras, con el consiguiente perjuicio económico para la sanidad pública.

    Falta transparencia y control

    El montante total que se demostró defraudado por la realización de pruebas indebidas ascendió a 34.240,60 euros, cifra que fue devuelta por los acusados y que la justicia ha ordenado que se consigne a la Comunidad de Madrid en abono del perjuicio causado.


    La condena lo que viene a visibilizar, según Rosa Mª Cuadrado, secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, es la “falta de transparencia y control de la gestión en los servicios públicos”. Se trata así de “una condena ejemplarizante y un reconocimiento moral”, subraya Cuadrado, pero “nos recuerda que este caso es una ‘gota en el océano’ y que es urgente que la Comunidad de Madrid vaya más allá y de una vez trabaje en la articulación de mecanismos prácticos y eficaces de control de los medios y los fondos públicos”.

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