Comisiones Obreras de Madrid | 19 abril 2024.

La nueva ley profundiza en la privatización de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid

  • Para CCOO de Madrid, el proyecto del Gobierno regional supone una oportunidad perdida para modernizar el sistema público

16/06/2022.
Presentación del manifiesto en defensa de los servicios sociales (21-2-2022)

Presentación del manifiesto en defensa de los servicios sociales (21-2-2022)

CCOO de Madrid denuncia que el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, aprobado este miércoles por el Gobierno regional, profundiza aún más en la privatización de los servicios sociales y es una oportunidad perdida para modernizar el sistema público madrileño de servicios sociales.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto, que viene a sustituir a la actual norma, vigente desde marzo de 2003, que a su vez sustituyó a la primera Ley de Servicios Sociales aprobada en 1984. Esto, en primer lugar, pone de manifiesto el escaso interés de los diferentes gobiernos del Partido Popular en las personas y colectivos más vulnerables.

El proyecto de Ley, que recoge sólo algunas de las mejoras y propuestas incluidas en la ley valenciana de Servicios Sociales, norma de referencia de tercera generación, será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa, debate y aprobación.

La norma, en opinión de CCOO de Madrid, está diseñada para incidir en las privatizaciones reforzando el papel del tercer sector empresarial. El texto apenas supone una adaptación a las normativas vigentes, y no incorpora ningún elemento destacable, más allá de la creación de la Historia Social Única.

El sindicato, que presentó alegaciones en el trámite de Audiencia e Información Pública, critica que, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, la Consejería de Familia, Juventud y Política social, se ha negado a negociar la norma con los agentes sociales en el marco del diálogo social.

Desde CCOO de Madrid se hace una valoración muy negativa del proyecto de Ley, ya que no garantiza ni la universalidad de las prestaciones, ni la financiación suficiente para la prestación de los servicios, se olvida de la protección a los menores, no incluye la acción preventiva, lo que contribuirá a la cronificación de las situaciones de vulnerabilidad, y tampoco se garantizan las prestaciones reconocidas del Sistema Público de Servicios Sociales.

Por otra parte, es preocupante que el Proyecto de Ley deje cuestiones fundamentales a desarrollo reglamentario, algunas estratégicas y que pueden afectar a la garantía sobre el ejercicio de derechos (catálogo de prestaciones, mapa de servicios sociales, competencias de las entidades locales, etc.). Teniendo en cuenta que la actual Ley, de 2003, no ha llegado a tener reglamento, es muy grave que no se establezca en dicho Proyecto un plazo máximo para contar con el Reglamento necesario.

Tampoco se avanza en el diseño de nuevos modelos residenciales y de convivencia que permitan la autopromoción y la autogestión, como las viviendas colaborativas o las unidades de convivencia, algo absolutamente prioritario, tal y como quedó demostrado durante la pandemia provocada por el Covid-19.

No se hace referencia alguna a los ratios de personal en las residencias, centros de día, asistencia domiciliaria y teleasistencia, para garantizar una atención digna a las personas mayores y/o dependientes, ni se propone una cartera de servicios mínima, ni se avanza en la mejora de la labor inspectora, obviándose garantizar un número máximo de centros por cada de inspector o inspectora.

El secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO Madrid, Manuel Rodríguez, señala que “el Gobierno pierde una gran oportunidad para crear un auténtico Sistema Público de Servicios Sociales, vuelve a legislar para favorecer a las empresas del sector y se vuelve a olvidar de las personas más vulnerables”.

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