Comisiones Obreras de Madrid | 26 marzo 2025.

En el día Mundial de la Justicia Social

En la Comunidad de Madrid, el “escudo social” que protege a las personas más vulnerables lo financia el Estado

    20/02/2025.
    Vivienda

    Vivienda

    Mientras, el Gobierno Regional regala anualmente 6.125M€ (un 1,9% del PIB autonómico) a las personas más ricas de la región en bonificaciones y exenciones fiscales.

    En el día Mundial de la Justicia Social, CCOO de Madrid vuelve a denunciar que las políticas antisociales del Gobierno Regional cronifican las desigualdades, condenando a más 1,3 millones de madrileñas y madrileños a la pobreza y a la exclusión social.

    Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comunidad de Madrid el salario mediano es de 2.100 euros mensuales, lo que sitúa el umbral de pobreza en 1.260 euros mensuales para una persona, y en 2.646 euros al mes para una familia de dos adultos y dos menores.

    A pesar de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado en más del 60% desde 2018, hasta situarse en 1.184€, todavía quedará por debajo del umbral de la pobreza en la Comunidad de Madrid.

    La vivienda es un factor de vulnerabilidad determinante, y la ausencia de políticas públicas en esta materia, por parte del Gobierno Regional, acentúa su efecto entre quienes disponen de menos recursos económicos.

    El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid casi se ha duplicado en la última década. Hoy alquilar un piso de 80m2 en la cuesta 1.600€, lo que supone que, una persona con un salario de 2100€/mes, tiene que destinar al alquiler el 76,19% del mismo.

    A pesar de esta situación, el Gobierno Regional tan solo destina 728,1 M€, el 3% del presupuesto regional, a vivienda y rehabilitación. De esta cantidad, 333,7 M€ provienen del Estado, que además también financia con 18 M€ más las ayudas al alquiler para jóvenes y personas con dificultades económicas, lo que significa que el 48% de la financiación de la Comunidad de Madrid en esta materia en realidad procede del Estado.

    El Acuerdo de Concertación Social por el que se establecía un Plan de Choque (2021-2023) para la plena implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), supuso el aumento de la financiación estatal condicionada a la mejora de cobertura, intensidad y calidad de las prestaciones.

    La Comunidad de Madrid, a pesar de incumplir de forma flagrante los compromisos adquiridos en el Plan de Choque, ha recibido en este periodo una financiación cercana a los 800 millones de euros. 

    El tiempo de espera y tramitación para recibir una prestación, no sólo no ha disminuido, si no que se ha incrementado en 22 días, un 7,85%, desde 2021, situándose actualmente en 306 días. 

    También se incumple el compromiso de mejora de la calidad asistencial, que pasa por el imprescindible incremento de las ratios de profesionales en los centros residenciales. Según el Informe, en el que ha participado CCOO de Madrid, para garantizar unos cuidados dignos y un empleo de calidad, en Madrid es necesario más de 10.000 trabajadoras y trabajadores. 

    Para CCOO de Madrid es evidente que el Gobierno regional prioriza el negocio y los beneficios de las empresas que gestionan las plazas residenciales, 55.308, de las cuales, sólo el 12,37% son públicas, frente a la calidad asistencial y las necesidad de las personas dependientes.

    Tampoco cumplirá con los criterios de acreditación recogidos en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se apuesta por residencias más pequeñas, la creación de unidades de convivencia no superiores a 15 personas residentes, la atención libre de sujeciones, o el fomento de la participación de las familias.

    El Gobierno Regional ha dejado morir la Renta Mínima de Inserción, que apenas llegó a 3.842 personas beneficiarias en 2024, con un gasto anual de 4,2 millones de euros. Debemos recordar que, en 2019, esta prestación llegó a 84.070 personas beneficiarias, con un gasto de 134,6M€. Una prestación que ha sido sustituida por el Ingreso Mínimo Vital, que ya llega a 164.940 personas en Madrid y por la que el Estado ha aportado a la Comunidad de Madrid 1.467,9 M€ desde junio de 2020, asumiendo el mayor porcentaje de inversión para la prevención del riesgo de pobreza y exclusión social de la ciudadanía madrileña.

    Una situación similar sucede con las becas universitarias. En la Comunidad de Madrid, en el curso 2021-2022, último año con datos disponibles, hubo un total de 62.875 estudiantes becados, de los que 53.119 lo eran con becas procedentes del Estado, y tan solo 3.575 procedían de la Comunidad de Madrid.

    Desde CCOO de Madrid exigimos al Gobierno Regional un incremento en el presupuesto de las políticas públicas destinadas a mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, y reclamamos al Gobierno del Estado que vincule la transferencia de fondos a la Comunidad de Madrid al cumplimiento de los compromisos pactados.

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