Comisiones Obreras de Madrid | 18 julio 2025.

CCOO de Madrid denuncia la deriva “trumpista” de Ayuso y el PP en el hostigamiento a las universidades públicas madrileñas

    11/06/2025.
    CCOO denuncia hostigamiento del PP a las universidades

    CCOO denuncia hostigamiento del PP a las universidades

    El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) contempla sanciones de hasta 1.000.000 de euros para amordazar el campus e impedir manifestaciones y protestas.

    CCOO de Madrid exige la retirada de esta norma y el inicio de un proceso de negociación y diálogo

    La presidenta regional no soporta, al igual que el presidente de los EE.UU., las protestas, reivindicaciones y denuncias que la comunidad universitaria realiza, por ejemplo contra el genocidio en Gaza o contra la asfixia económica del gobierno regional a las universidades públicas.

    Para acabar con ellas e intentar amordazar a las universidades, el gobierno regional ha incluido en el borrador de la LESUC un régimen sancionador durísimo, propio de épocas pasadas.

    La Ley pretende esconder, bajo el paraguas de la libertad de expresión, multas que podrían llegar hasta el millón de euros para sancionar protestas contra actos fascistas en el campus universitario o contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

    La paranoia política en la que está instalada Ayuso y el PP, lleva incluir en esta Ley sanciones por permitir la celebración de referéndums ilegales.

    100.000 euros por manifestarse

    Realizar una manifestación o una protesta no autorizada podrá sancionarse con 100.000 euros y colocar una pancarta o un cartel no autorizado será sancionado 15.000 euros.

    La Ley recoge sanciones de apercibimiento a 15.000 € de multa para las infracciones leves, de 15.000 a 100.000 euros para las graves y de 100.000 a 1.000.000 de euros para las tipificadas como muy graves.

    CCOO de Madrid exige la retirada de esta norma y el inicio de un proceso de negociación y diálogo con los partidos políticos, sindicatos y resto de sociedad organizada para la elaboración de una Ley que garantice el funcionamiento autónomo y con recursos suficientes de las universidades públicas madrileñas.