Comisiones Obreras de Madrid | 6 marzo 2026.

CCOO Madrid denuncia la implantación caótica, arbitraria y desorganizada de los Tribunales de Instancia en la Comunidad de Madrid

    CCOO anuncia movilizaciones y exige que el Consejero de Justicia convoque de inmediato una reunión de Mesa Sectorial para negociar las condiciones laborales y retributivas del personal y las medidas urgentes para garantizar el normal funcionamiento del servicio público

    26/01/2026.
    Juzgados

    Juzgados

    Centenares de puestos de trabajo sin cubrir, expedientes que en algunos casos siguen metidos en cajas de mudanza y los derechos de los trabajadores/as pisoteados

    Como venía advirtiendo CCOO Madrid desde que se aprobó la ya de por sí nefasta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Instancia por parte de la Comunidad de Madrid está siendo caótica, arbitraria y desorganizada, especialmente en Madrid y más gravemente aún en la jurisdicción civil. Es alarmante la falta de previsión de la Consejería de Justicia, así como la falta de negociación con los representantes de las personas trabajadoras de las condiciones laborales y los criterios para la organización y el reparto de las funciones y tareas en estas nuevas macro estructuras diseñadas por la Consejería de Justicia.

    La Comunidad de Madrid, que se negó a aceptar la propuesta de CCOO Madrid de solicitar la prórroga de seis meses prevista en la Ley para implantar con previsión y planificación tamaña reforma organizativa, mira ahora hacia otro lado mientras reina el desconcierto en estas nuevas Oficinas Judiciales y desoye las denuncias y propuestas de CCOO para mitigar las consecuencias de este caos organizativo que atropella los derechos de los trabajadores/as y deteriora gravemente el servicio público.

    Centenares de puestos sin cubrir

    Cuando va a cumplirse un mes desde la entrada en funcionamiento, el pasado 31 de diciembre, de la tercera fase de estos Tribunales de Instancia -que incluye a los partidos judiciales más grandes: Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe y Madrid-, en el servicio público de Justicia madrileño hay centenares de puestos de trabajo sin cubrir, trabajadores/as desorientados que en algunos casos aún desconocen cuál es su nuevo puesto de trabajo o que han sufrido varios cambios de ubicación y funciones de forma totalmente arbitraria en las últimas tres semanas, incluso entre diferentes sedes judiciales, multitud de cajas de mudanza todavía llenas de procedimientos que aún no se sabe quién va a tramitar ni dónde -algunas en pasillos al alcance de cualquiera-, y una gran confusión en relación a las dependencias funcionales respecto de los LAJ y jueces que supone una gran inseguridad jurídica para los trabajadores/as.

    En esos macro servicios comunes, el reparto de funciones y tareas carece de criterios objetivos y la organización del trabajo sigue sufriendo modificaciones, dando lugar a que haya equipos y unidades funcionales cuyo número de integrantes ha cambiado ya en varias ocasiones y a que multitud de trabajadores/as siga conocer todavía quién es su superior, ni siquiera para pedir sus permisos.

    El caos

    Los efectos son especialmente palmarios en jurisdicciones como la civil, donde profesionales y ciudadanos recorren las sedes judiciales tratando de averiguar dónde se llevan ahora sus procedimientos, intentando descifrar la cartelería improvisada en folios en cada puerta de cada antiguo juzgado y que trata de resumir el galimatías de asuntos que se tramitan ahora en esa oficina, y donde los trabajadores/as son tratados como piezas en medio de este caos y presionados para que el trabajo salga adelante a pesar de las circunstancias y asumiendo el de los puestos trabajo que están sin cubrir.

    Hartos de tanta injusticia, los propios trabajadores/as reaccionaron de manera espontánea la semana pasada concentrándose el jueves y el viernes frente a los juzgados de Plaza de Castilla, en unas protestas apoyadas por CCOO Madrid. Además de estas movilizaciones, para las que CCOO ha tramitado con urgencia los permisos con el fin de que puedan continuar esta semana, el sindicato ya ha anunciado movilizaciones también frente a la Consejería de Justicia, que irán en aumento mientras la Comunidad de Madrid, y en concreto el Consejero de Justicia, Miguel Ángel García Martín, máximo responsable de la Administración de Justicia madrileña no se siente a negociar y se respeten los derechos de los trabajadores/as y la prestación del servicio público.

    Estas movilizaciones son continuación de las que CCOO ha venido convocando frente a la Consejería de Justicia desde el mes de abril de 2025, cuando se inició la implantación de las Oficinas Judiciales de la primera fase, para tratar de evitar esta situación y mitigar las consecuencias que se veían venir a tenor de estas nuevas macro estructuras judiciales diseñadas por la Comunidad de Madrid, con plenas competencias para la organización de sus Oficinas Judiciales en el desarrollo de la implantación de la lesiva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

    Miran para otro lado

    Ahora, cuando el servicio público se deteriora, la Consejería de Justicia mira hacia otro lado y sigue desoyendo las denuncias y propuestas de CCOO Madrid que en la Mesa Sectorial celebrada la semana pasada volvió a denunciar esta situación y a exigir la cobertura de los cientos de puestos de trabajo vacíos, la creación de 650 nuevos puestos de trabajo y la clarificación y el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones y tareas que realiza el personal en estas nuevas Oficinas Judiciales, así como mayor seguridad jurídica para los trabajadores/as, entre otras cuestiones que garanticen las condiciones laborales del personal de Justicia y la prestación de un servicio público de calidad.

    CCOO ha sido el único sindicato que ha combatido esta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia desde el principio, negándose a firmar con el Ministerio de Justicia el acuerdo que otros sindicatos como Csif, Staj, Ugt y Cig sí firmaron en julio de 2024, avalando así esta reforma y dinamitando, no sólo la huelga que habían hecho los trabajadores/as y que fue interrumpida por la convocatoria anticipada de las elecciones generales de 2023, sino también condicionando la negociación que a partir de la aprobación de la Ley tenía que comenzar en cada comunidad autónoma con competencias.