Comisiones Obreras de Madrid | 6 abril 2026.

20F: Día Mundial de la Justicia Social

CCOO Madrid denuncia el deterioro del sistema público de los servicios sociales frente al aumento de las situaciones de vulnerabilidad

  • Miles de madrileños y madrileñas no tienen cubiertas las necesidades básicas en la Comunidad de Madrid, la región más próspera de España

20/02/2026.
Cañada Real

Cañada Real

Lejos de reforzar el sistema público de servicios sociales, promover la igualdad de oportunidades, la erradicación de la pobreza y la garantía de derechos como la educación, el empleo y el bienestar para toda la ciudadanía sin exclusiones ni barreras, tal como establece la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha dado pasos en la dirección contraria. El Ejecutivo regional ha impulsado una estrategia sostenida de deterioro progresivo que debilita su acción ante el aumento de las situaciones de vulnerabilidad en la región.

La Comunidad de Madrid se presenta como la región más próspera de España y como uno de los principales motores económicos del país, con elevados datos de PIB per cápita. Sin embargo, esta imagen de éxito contrasta con la realidad de miles de madrileños y madrileñas que no tienen cubiertas necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la sanidad o la educación.

Un sistema público de servicios sociales debe ser garante de derechos fundamentales y pilar esencial de una sociedad basada en la Justicia Social. No obstante, el Gobierno regional parece haber renunciado a este objetivo. En lugar de fortalecer los servicios públicos, se ha producido un deterioro que conlleva la precarización de la atención a la ciudadanía.

Riesgo de pobreza o exclusión

Para tener una foto del Madrid que madruga, basta recordar algunos datos. Cerca de un millón y medio de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social; de ellas, más de 300.000 son niños y niñas. El 42% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes; en la Comunidad de Madrid hay 303.887 personas trabajadoras pobres, lo que significa que hoy tener trabajo no es garantía suficiente para evitar la vulnerabilidad.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha condenado a la extinción la Renta Mínima de Inserción (RMI) que en 2025 sólo ha llegado a 235 hogares, con un gasto anual de 1,6 millones, 2,6 millones menos que en el ejercicio de 2024. Mientras el ejecutivo popular recorta derechos deja en manos del Estado la protección de la población madrileña más vulnerable a través el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que en 2025 ha dado cobertura a 62.911 hogares de la región y ha supuesto una aportación estatal de 39,58 millones de euros.

CCOO Madrid continúa reclamando revertir este modelo y recuperar la RMI como una prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital, para reforzar la protección social.

Sistema incapaz

La situación en el ámbito de la dependencia es extremadamente preocupante. El tiempo de espera entre la solicitud y el reconocimiento de una prestación no deja de aumentar: en 2025, una persona ha tenido que esperar una media de 348 días para recibirla, lo que supone 42 días más que en 2024. Este incremento refleja un sistema cada vez más lento e incapaz de responder con agilidad a las necesidades de la ciudadanía.

Resulta urgente ampliar la red pública de plazas en centros residenciales de la Comunidad de Madrid y reforzar la calidad asistencial mediante el aumento de las ratios de profesionales. Según un informe de CCOO, serían necesarias 10.000 personas trabajadoras más para garantizar unos cuidados dignos a las personas usuarias de las residencias.

En este sentido, el plan de residencias y centros de día 40x40, impulsado recientemente por la Comunidad de Madrid, plantea un modelo de gestión privada, que sólo reserva el 40% para acceso público. Este sistema asegura la rentabilidad de las empresas adjudicatarias, pero no responde de manera eficaz a la creciente demanda de plazas residenciales públicas.

Por las realidades que están detrás de estos datos, CCOO de Madrid sigue reclamando al gobierno regional que priorice a las personas y su bienestar impulsando políticas acordes con las necesidades sociales actuales. Es imprescindible reforzar los servicios sociales y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. Para ello, resulta necesario incrementar la partida presupuestaria a estos servicios, que en 2026 no alcanza el 10% del total de la Comunidad.

La cañada

A esta situación se suman otros factores de vulnerabilidad agravados por las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, orientadas al deterioro de los servicios públicos para favorecer la entrada de empresas privadas en ámbitos esenciales como la educación y la sanidad pública. En el caso de la vivienda, el encarecimiento sostenido de los precios y la negativa del Ejecutivo regional a limitar los alquileres obligan a los madrileños/as a destinar más del 75% de su salario al pago de la vivienda, lo que genera una situación claramente insostenible.

Asimismo, en el día Mundial de la Justicia Social, CCOO Madrid recuerda la situación de más de 5.000 vecinos y vecinas, entre ellos más de 2.000 niños y niñas, de los Sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que llevan más de cinco años sufriendo el corte del suministro eléctrico. A pesar de contar con una resolución del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea que insta a las administraciones a restablecer el servicio de luz, estas familias enfrentan además amenazas de desalojos y derribos, en un contexto marcado por la especulación del suelo. El mantenimiento del corte de luz, junto con las órdenes de desalojo y demolición, constituye una situación de extrema gravedad que debe cesar de inmediato. Exigimos el restablecimiento del suministro eléctrico en este barrio de Madrid y que se dejen de vulnerar los derechos recogidos en la Carta Social Europeas de las personas afectadas por esta situación.

Finalmente, CCOO de Madrid vuelve a recordar al gobierno del PP de la Comunidad de Madrid que la gestión de los mecanismos de protección y acceso al bienestar social de la ciudadanía debe basarse en los principios de justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, rendición de cuentas e inclusión. Principios que, lamentablemente, parecen haber quedado relegados de la acción política del ejecutivo regional.