Comisiones Obreras de Madrid | 21 noviembre 2024.

CCOO exige actuaciones urgentes contra la violencia de género

  • Hay que eliminar los factores estructurales que causan la violencia y garantizar más efectividad en las políticas públicas para su erradicación

CCOO considera alarmante el creciente número de mujeres asesinadas por violencia de género y reclama de manera urgente medidas para su erradicación. La violencia contra las mujeres debe considerarse una cuestión de Estado cuya resolución debe implicar al conjunto de la sociedad, fuerzas políticas, movimiento de mujeres y organizaciones sociales.

21/12/2016.

Una violencia que no cesa, en lo que va de año son ya 44 las mujeres asesinadas, la punta del iceberg de la violencia más visible y atroz de la estadística, pero tras la que se encuentra otro dato escalofriante, el altísimo número de denuncias. En 2015 se presentaron 129.193 (353 denuncias diarias) y 38.402 en el tercer trimestre de 2016, lo que supone un importante incremento interanual del 13,9 por ciento.

Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de CCOO se recuerda que las políticas de austeridad, los recortes en recursos y dotaciones presupuestarias, la pérdida de derechos laborales, sociales, educativos y reproductivos impuestos por el Gobierno del Partido Popular han supuesto un incremento de los factores de la violencia estructural y la desigualdad: mayor desempleo, precariedad laboral, desprotección social, feminización de la pobreza, etc.

Resulta impactante que de las 44 asesinadas en 2016 solo 16 presentaron denuncia y solo 6 tenían medidas de protección en vigor.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2015 fue de un 3 % y resulta alarmante que de las 11.565 solicitudes de órdenes de protección en los órganos judiciales, el 40% hayan sido denegadas. La ausencia de protección pone en riesgo la vida de las mujeres, un dato que es preciso analizar teniendo en cuenta las escasas unidades de valoración integral del riesgo y la insuficiencia de recursos públicos para la prevención y protección de las víctimas de la violencia de género.

Asimismo, es preocupante el alto número de renuncias a continuar el proceso por parte de las víctimas de violencia género. Un 13 por ciento de víctimas se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar. En el tercer trimestre de este año, en 4.810 casos la víctima de violencia de género se han acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que evidencia carencias en la atención jurídica, psicológica, servicios sociales, etc.

CCOO demanda al Gobierno del Partido Popular la corrección de los déficits existentes en el desarrollo y aplicación de la Ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que se evidencian en los ámbitos laboral, policial, jurídico, educativo, sanitario y servicios sociales, y reclama que atienda las obligaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011) vigente desde 2014, así como las Recomendaciones del Comité CEDAW de Naciones Unidas, que señalan la necesidad de aumentar los recursos para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres en mayor riesgo y vulnerabilidad, justamente en tiempos de crisis y que la lucha y que los recursos deben incluir todas las agresiones sexuales contra las mujeres en la vida social, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

Desde CCOO se exige la eliminación de los factores estructurales que causan la violencia y más efectividad de las políticas públicas para su erradicación. Es fundamental garantizar los derechos a las víctimas de la violencia de género y mejorar su tratamiento mediante actuaciones en los distintos ámbitos: jurídico, policial, social, económico, laboral, sanitario, educativo, etc.

CCOO reitera su compromiso permanente de colaboración con las instituciones, movimiento de mujeres y organizaciones sociales implicadas en el desarrollo de los mecanismos, instrumentos, recursos y medidas necesarias para que, de forma urgente y eficaz, se haga posible la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.