Comisiones Obreras de Madrid | 13 octubre 2024.

CCOO y UGT reclaman a los grupos políticos la descriminalización del derecho de huelga

  • #HuelgaNoEsDelito

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han enviado una carta a los grupos parlamentarios con la propuesta sindical de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho de huelga. Para ambas organizaciones, tanto el art. 315.3 como el art.172 del Código Penal, sobre el delito de coacciones, se están utilizando para criminalizar la actuación de los piquetes de huelga en lugar de proteger la relación colectiva de trabajo y el propio derecho de huelga.

16/05/2017.
Presentación de la propuesta sindical de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho de huelga

Presentación de la propuesta sindical de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho de huelga

CCOO y UGT han registrado su propuesta hoy en el Congreso de los Diputados para reclamar la derogación de unos artículos que minan la salud de nuestra democracia y recorta el Estado de Bienestar.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, han enviado por carta, en el día de hoy, a los grupos parlamentarios la propuesta sindical de reforma del Código Penal para la descriminalización del ejercicio del derecho fundamental de huelga.

En la misiva, ambas organizaciones recuerdan la necesidad de derogar el actual artículo 315.3 del Código Penal, así como la modificación del Art. 172 sobre el delito de coacciones. En este sentido, el art. 315 debe proteger la relación colectiva de trabajo y el derecho de huelga, y no puede ser utilizado para criminalizar la actuación no violenta de los piquetes de la propia huelga, cuyas funciones forman parte del contenido esencial de tan importante derecho fundamental.

La enmienda aprobada en el Congreso y Senado durante la reforma del Código Penal en el año 2015 se limita a modificar dicho apartado pero no procede a su derogación, en una reforma que no es objetiva, sino que configura un tipo penal que habilita criterios interpretativos específicos contra la actividad sindical; interfiere en la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos del delito de coacciones para sancionar por esa vía cualquier incidente o altercado en el desarrollo de un huelga, aunque no genere daños ni riesgo para personas o bienes; agrava las penas derivadas del delito genérico de coacciones; y opera en la práctica como un tipo especial agravado, por el mero hecho de ejercer un derecho fundamental, contradiciendo flagrantemente la doctrina constitucional.

Ante la posibilidad de que el Parlamento tome en consideración debatir la eliminación del citado artículo, CCOO y UGT creemos fundamental que cuente con nuestra propuesta. Por ello, el próximo martes, 16 de mayo, a las 13:00 horas, delegaciones de ambas organizaciones, encabezadas por Álvarez y Toxo, procederán a registrarla en el Congreso de los Diputados.

Para los sindicatos, es imprescindible una adecuación legislativa, a través del cauce normativo correspondiente, que permita suprimir sin más, cualquier criminalización del derecho de huelga, que está siendo duramente cuestionado en España de diversas maneras, entre ellas, mediante la aplicación de un artículo del Código Penal (315.3), redactado durante la dictadura de Franco y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales.

Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido con frecuencia en los últimos tiempos a este artículo y, como consecuencia, más de 300 sindicalistas están en situación procesal o acusados de diversos actos por ejercer su legítimo derecho a la huelga.

Por ello, UGT y CCOO reclaman la derogación total de estos artículos y el apoyo de todos los grupos políticos a nuestra propuesta. Esta cuestión no sólo afecta a los sindicatos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, y al conjunto de la ciudadanía. La sociedad tiene que tener claro que éste es un atentado contra su libertad y sus derechos y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses. Atentar contra estos derechos es debilitar nuestro sistema democrático.