Comisiones Obreras de Madrid | 12 de agosto de 2020

CCOO espera que el Ministerio de Empleo retire la propuesta de Cheque Formación

    El sistema de formación profesional para el empleo debe contar con la participación de los agentes sociales en su gobierno, y en particular en el diseño, planificación, programación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa. El Gobierno ha quebrado una reforma acordada y desarrollada sobre la base del diálogo social y la negociación colectiva en más de 20 años.

    14/07/2017.

    El pasado mes de abril se constituyó la mesa de diálogo social sobre formación. Una única reunión, celebrada el pasado mes de junio, le ha bastado al Ministerio de Empleo para cumplir con el trámite de consulta previa y participación de los agentes sociales. No han escuchado las propuestas, han rechazado el diálogo y han negado el acuerdo.

    En la reunión del Consejo General de Formación Profesional del pasado miércoles conocimos la verdadera razón por la que el Real Decreto de desarrollo de la Ley 30/2015 de Formación para el Empleo vio la luz sin dar oportunidad su negociación en la mesa de diálogo social, cuando el director general del SEPE afirmó que “la presión de los representantes del sector de formación” era la que había llevado a la urgencia en su aprobación y publicación. Parece que el Ministerio de Empleo ha cambiado la interlocución con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por los grandes proveedores privados de formación.

    El RD, según sus promotores, debería posibilitar ya la puesta en marcha de la reforma, pero el articulado vuelve a remitirse a posteriores Órdenes Ministeriales. Incumple así la recomendación del Consejo de Estado cuando manifiesta que “las aludidas remisiones ulteriores a órdenes ministeriales introducen un elevado factor de inseguridad jurídica” y que “la Ley 30/2015 ya contiene un elevado número de llamadas expresas a un ulterior desarrollo reglamentario, algunas de las cuales quedan sin contenido en este proyecto, que a su vez reenvía la regulación de ciertas cuestiones a futuras órdenes ministeriales”.

    CCOO reiteramos el rechazo a una de las medidas estrella de la reforma de la formación para el empleo: el cheque formación. Consideramos, asimismo, que este Real Decreto no resuelve los principales problemas del sistema: no garantiza un sistema de oferta formativa sectorial de calidad; no crea mecanismos de apoyo a las pymes ni a los trabajadores con más dificultades de acceder al empleo; carece de una planificación a medio y largo plazo que coordine las diferentes ofertas formativas y las encauce hacia un objetivo común; no resuelve la vinculación de cualificaciones y negociación colectiva, ni desarrolla el derecho individual de la formación.

    Parece que el Ministerio de Empleo apuesta por eludir la intervención de las organizaciones sindicales y empresariales en la toma de decisiones sobre formación, mermando los derechos de información y consulta de los trabajadores a través de sus representantes en la empresa, y creando un mercado de cursos de formación que –como se ha visto con la convocatoria de 2016– ha reducido el número de solicitudes y favorecido a las grandes empresas de servicios de formación e intermediación. Consiente, igualmente, los empeños de la gran empresa, desregulando y flexibilizando la formación que realizan, mejorando incluso la financiación de las acciones. Todo ello, olvidando una vez más a las pequeñas empresas, sin resolver los problemas de acceso a la formación y la respuesta a sus verdaderas necesidades.

    CCOO vamos a seguir reclamando al Gobierno y a los distintos Grupos Parlamentarios cambios en la ley que pasen por:

    Un Sistema de Formación para el Empleo regulado en el marco de la negociación colectiva sectorial, y una real participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del mismo.

    La consolidación de las estructuras paritarias sectoriales como verdaderos órganos de gobierno y principales actores en la prospección, detección, planificación, programación, evaluación y seguimiento de la formación en sus ámbitos sectoriales.

    El establecimiento de una financiación suficiente, estable y equitativa con una incorporación real de los remanentes y la reanualización de los fondos para formación no realizados en cualquiera de los ámbitos, tal y como han requerido el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y más recientemente la Defensora del Pueblo.

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