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Comisiones Obreras de Madrid | 27 octubre 2021.

CCOO, UGT, PSOE, Ganar e IUCM-LV exigen la ejecución de la sentencia del TSJM sobre la funcionarización en Alcorcón

    24/07/2017.
    CCOO, UGT, PSOE, Ganar e IUCM-LV exigen la ejecución de la sentencia del TSJM sobre la funcionarización en Alcorcón

    CCOO, UGT, PSOE, Ganar e IUCM-LV exigen la ejecución de la sentencia del TSJM sobre la funcionarización en Alcorcón

    (EP) CCOO, UGT, PSOE, Ganar e IUCM-LV han pedido en una rueda de prensa conjunta que se ejecute la sentencia -relativa a la denuncia hecha por 84 trabajadores del Ayuntamiento de Alcorcón- que ratifica la nulidad del proceso de funcionarización realizado en 2011 en el municipio.

    Según han detallado todos ellos, además el fallo a favor de los empleados municipales sería extensible no sólo a los denunciantes, sino también a los más de 500 afectados por la desfuncionarización iniciada "hasta en tres ocasiones" por el Consistorio, haciendo referencia directa al punto duodécimo de la sentencia.

    Este dice que "se deja sin efecto la nulidad de los nombramientos de los aquí demandantes y del resto del personal laboral funcionarizados, en base al principio de equidad del Artículo 106 de la LPA".

    El secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la FSC-CCOO Madrid, Juan José Regatos de Andrés, y el secretario general de la Sección Sindical UGT en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Palacios Retamosa, han puntualizado que en principio afectaría igualmente a las demandas hechas por otros trabajadores, las cuales que en primera instancia fueron favorables para el Ayuntamiento y cuyos procesos estaban parados a la espera de que resolviese el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    "Muchos juicios están pendientes y hay uno de ellos recurrido, es raro que saliese otro resultado diferente al que hoy tenemos en la mano. Es una sentencia contundente y demoledora. Nos sorprendería que ejecutaran una sentencia contradictoria a esta", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que de ser así podría ser el Tribunal Supremo quien resolviera en casación.

    "DIMISIÓN"

    En cualquier caso, para los sindicatos no hay lugar a dudas y el juez: reconoce que el proceso de funcionarización se hizo según el legislador, que los trabajadores optaron de forma legal y que no existía causa justificada para iniciar el proceso de desfuncionarización.

    Por tanto, si el Ayuntamiento no ejecuta la sentencia han anunciado que pondrán en marcha los procesos necesarios para restablecer los derechos de los trabajadores.

    No obstante, no es la única petición que han esbozado sindicatos y las formaciones políticas allí presentes. Exigen una rectificación pública por parte del alcalde, David Pérez, y si no se lleva a cabo pedirán la dimisión del regidor.

    De igual modo, solicitan la regularización ante la Tesorería de la Seguridad Social las cantidades "indebidamente descontadas desde la ejecución de la desfuncionarización, incluidas las aplicadas con carácter retroactivo desde el año 2011, recordando que el empeño del primer edil ha supuesto grandes pérdidas económicas a las arcas municipales.

    MOCIÓN CONJUNTA

    Por su parte, la portavoz socialista, Natalia de Andrés, ha recalcado que esto demuestra que la decisión que se tomó en su día entre sindicatos y Gobierno beneficiaba a todos. "Se hizo porque generaba estabilidad en el empleo y además suponía un gran ahorro para el Consistorio. Concretamente de un millón de euros al año en cotización social al cambiar el régimen. Era bueno para todos", ha insistido.

    Para el portavoz de IUCM-LV, José Antonio López Tinaquero el proceso era claramente una "persecución política" dentro de "la carrera contra los avances conseguidos en esta ciudad" por Gobiernos anteriores; mostrando poca confianza en que Pérez vaya a acatar la sentencia. "Si no respeta los acuerdos de pleno, no escucha a la calle, difícilmente respetará la decisión de los Tribunales", ha dicho.

    Desde Ganar han reiterado la petición de dimisión del primer edil, hecha por todos los grupos presentes en el acto, pero también ha recordado que no es la primera vez que se le pide al regidor, sin resultado. Por este motivo, ha instado a Ciudadanos a que actúe, "y no sólo apoye", para cesar al alcalde de sus funciones.

    "Es un Gobierno a la deriva, por eso queremos que se vaya, y que deje paso a otros, pedimos responsabilidad a C's para echar al alcalde porque está claro que él sólo no se va. Esperamos que esta vez el grupo naranja no tome el pelo a los vecinos y actúe de verdad", ha indicado.

    Desde PSOE, Ganar e IUCM- LV han terminado anunciando que llevarán una moción al próximo pleno en la que reclamarán que el Ayuntamiento no interponga recurso de casación frente a la sentencia, que la cumpla y la extienda al resto de trabajadores afectados, que cuantifique cuanto ha costado concretamente todo el proceso a los ciudadanos, que pida disculpas y que asuma las responsabilidades pertinentes. "Qué se adopten medidas jurídicas y patrimoniales, si es necesario, contra los responsables políticos y técnicos", han concluido.

    "LA SENTENCIA NO CIERRA LA CONTROVERSIA"

    Precisamente esta misma mañana el Ayuntamiento de Alcorcón ha mandado un comunicado aclarando que consideran que la sentencia "no es definitiva, ni aplicable a todos los trabajadores funcionarizados durante el anterior Gobierno municipal (PSOE-IU)".

    Asimismo, la concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcorcón, Laura Pontes, ha reiterado que el Consistorio ya ha solicitado recurso de aclaración de dicha sentencia y que está estudiando presentar recurso de casación.

    Pontes también ha destacado la existencia de dos sentencias en primera instancia que dan la razón al Consistorio sobre este proceso, las mismas a las que hoy también han hecho alusión los sindicatos.
    Finalmente, la edil se ha referido a la existencia de dos dictámenes del Consejo Consultivo de Madrid, así como un informe de la Comunidad de Madrid "que avalan las acciones del Consistorio en el proceso de desfuncionarización".

    Del mismo modo, la concejal ha indicado que esta última sentencia no condena en costas al Ayuntamiento "porque en esta materia hay suficientes dudas en Derecho y el Consistorio actuó según los criterios del Consejo Consultivo de Madrid".