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Comisiones Obreras de Madrid | 21 noviembre 2024.
CCOO denuncia el trasvase de empleo público al sector privado
La reforma laboral de 2011 y las políticas neoliberales del Gobierno del PP han provocado un trasvase de empleo del sector público al privado, que se ha visto acompañado de un trasvase de recursos públicos y de un deterioro de la calidad del empleo en este sector, con un aumento de la precariedad en 2,1 puntos. CCOO señala que la congelación de oferta de empleo pública decidida por el Gobierno contrasta con la ausencia de cortapisas para contratar el servicio de empresas privadas.
Un análisis superficial de la EPA (2011 III – 2017 III) para saber lo ocurrido en el empleo del conjunto de los servicios de no mercado o servicios públicos (administración pública, defensa, seguridad social, actividades sanitarias) desde la reforma laboral, podría llevar a engaño, a afirmar que “los servicios públicos, pese a la crisis, se han mantenido”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
En el conjunto de actividades de servicios públicos o consideradas como de no mercado, las horas trabajadas han disminuido un 0,3% y las personas empleadas han aumentado un 0,2%; hay unas cuatrocientas mil horas trabajadas menos y unas seis mil seiscientas personas ocupadas más.
El problema estriba en que han disminuido 6,2 millones de horas las trabajadas por las personas asalariadas del sector público, mientras que han aumentado en 5,8 millones de horas las trabajadas por el sector privado. Es decir, el sector público se ha reducido en 180.261 personas, al tiempo que ha aumentado el sector privado en 186.840 personas.
Un análisis detallado de la EPA pone de de manifiesto que:
En la educación pública hay 59.144 personas menos ocupadas; 71.009 más en la privada. Las personas ocupadas en la educación pública representan el 61,4% del sector de la educación.
La sanidad pública ha crecido solo un 2,1% (13.081 personas), muy por debajo del aumento en la privada, el 18,6% (66.684 personas). Las personas asalariadas de la sanidad pública suponen el 60,1% del empleo en actividades sanitarias.
Los servicios sociales con alojamiento públicos han perdido el 2,1% de sus puestos de trabajo (1.317 empleos), mientras que los privados han crecido un 6,8% (14.697 empleos más). El sector público representa solamente el 20,1% de la ocupación de esta actividad.
Los servicios sociales sin alojamiento públicos pierden el 44,5% de su empleo, 24.286 puestos de trabajo, al contrario que los privados, 22.277 empleos más, el 14,8%. El sector público ha caído hasta representar solamente el 15% de esta actividad.
En conjunto en estas actividades el sector público ha perdido un total de 71.665 puestos de trabajo, mientras que el sector privado ha crecido en 174.667. El sector público se ha reducido un 4,8%, el privado ha crecido un 16%.
Por otra parte, la Administración Pública y Defensa y Seguridad Social obligatoria ha perdido 108.596 empleos públicos, el 8%, mientras los asalariados del sector privado han aumentado en 12.172 personas, el 49,8%.
La congelación, además de menos empleo, ha supuesto aumento de la precariedad en el sector público:
En la educación pública aumenta en 2,1 puntos, hasta el 20,4% (hay 61.954 personas fijas menos y 2.811 temporales más). En paralelo, disminuye en el sector privado en 2,5 puntos, situándose en el 21,5% (mientras que las personas fijas aumentan en 57.810 personas, las temporales solo lo hacen en 4.533 personas).
En la sanidad pública aumenta la precariedad en 3 puntos, hasta el 35,3%; mientras que en la privada cae 1,1 puntos, hasta el 20,6%.
En los servicios públicos de asistencia en establecimientos residenciales crece la precariedad un 2,8% hasta el 45,6%. En el sector privado se reduce 0,8 décimas, hasta el 30,6%.
En las actividades de servicios sociales sin alojamiento la tasa de precariedad cae del 50,3% en 2011, al 35,4%. La tasa de precariedad en el sector privado se sitúa en el 34,7%, al disminuir 0,8 décimas.
Este trasvase de empleo público, y el aumento de su precariedad, ha sido consecuencia directa de la prohibición por parte del ministro Montoro de contratar personal a las Administraciones Públicas. Una congelación de oferta de empleo pública que contrasta con la ausencia de cortapisas para contratar el servicio de empresas privadas. La conclusión no deja lugar a dudas: la política del PP ha encogido y precarizado el empleo en el sector público, de lo que resulta un beneficiario claro: las empresas privadas.
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