Para CCOO supone una oportunidad perdida para haber alcanzado un acuerdo social para el desarrollo futuro de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid. Y frente a este reconocimiento del fracaso del Proyecto de Ley la alternativa que se ofrece no es la apertura de un proceso real de negociación con el conjunto de la comunidad universitaria para elaborar un nuevo proyecto, sino una aplicación parcial e interesada de algunos apartados del proyecto retirado.

La retirada del Proyecto de la LEMES ante las dificultades existentes para su aprobación en su tramitación parlamentaria y la apuesta por un “plan alternativo de contingencia” evidencia los problemas de un proyecto falto de coherencia que se ha querido presentar como “primordial” para el gobierno autonómico pero que en realidad suponía una propuesta parcial e interesada para instalar un modelo de universidad alejada de las necesidades reales presentes y futuras de la universidad pública.

Desde CCOO hemos venido señalando desde el primer momento que el Proyecto de la LEMES, contrariamente a lo señalado por el gobierno regional, no es el resultado de un proceso abierto de diálogo, negociación y consenso, sino una compilación de diferentes aportaciones realizadas de forma independiente y escogidas para encajar en un modelo preconcebido y que no responde de forma global a las necesidades y desafíos que las universidades públicas tienen planteados. Tras dos años de proceso el gobierno autonómico viene a reconocer “de facto” esta realidad, retirando un proyecto que no ha sido ni negociado ni consensuado.

El gobierno de Ángel Garrido no ha explicado que ha variado desde el 20 de marzo, cuando el Consejo de Gobierno procedió a la presentación ante la Asamblea de Madrid del mismo texto bajo el formato de Proyecto de Ley 1/2018, y el 29 de junio, momento en el que se anuncia el posible abandono del Proyecto. La situación no ha cambiado nada ya que, sin negociación alguna y presentando el mismo texto legal que ya fue rechazado en su momento por la asamblea, los grupos parlamentarios de la oposición han vuelto a presentar enmiendas totales y parciales al texto. CCOO, al igual que estos grupos, volvió a presentar las mismas enmiendas al tiempo que denunciaba la presunta ilegalidad del procedimiento seguido en la nueva tramitación del Proyecto de Ley.

Tal y como ha venido denunciado CCOO, no existe el mínimo consenso necesario en relación con el Proyecto de la LEMES. Y no ha existido en ninguna de sus fases previas, ni en el acto de votación de las enmiendas al anterior proyecto de ley ni en la fase de presentación de las mismas al “nuevo” documento. Entender que un voto más o uno menos es suficiente para continuar con el proceso de aprobación de este Proyecto de Ley demuestra la debilidad de la propuesta y la instrumentación política que se hace de una cuestión fundamental para el conjunto de la sociedad madrileña.

CCOO viene reclamando desde hace dos años la necesidad de una negociación real y formal de los contenidos de la Ley que permita consensuar el proyecto de futuro del sistema universitario público madrileño. La actual situación presenta una oportunidad inesperada de poner el contador a cero y afrontar el reto que plantea una Ley de esta naturaleza en base al diálogo y el acuerdo. En lugar de abrir este proceso, el gobierno regional pretende la aplicación parcial de la Ley sin aprobación parlamentaria, mediante un plan llamado de “contingencia” y centrado en cuatro pilares:

1.Plan de financiación mediante contratos-programa cuatrienales, que se presenta como novedad pero que lleva años negociándose y cuyo cierre se frustró por la entrada en la asamblea del anterior Proyecto de Ley. En todo caso, el modelo al que se hace referencia, al menos en lo relativo al incremento presupuestario que podría suponer, viene a ser un reflejo del modelo ya contemplado en la LEMES y que entendemos insuficiente y orientado a definir un determinado modelo de universidad mediante la financiación de criterios “prioritarios” para el gobierno (un modelo excluyente de investigación, “excelencia” de determinados servicios frente al incremento de la calidad global del servicio universitario, etc.) y el “olvido” de otras cuestiones fundamentales (docencia, suficiencia de recursos humanos y materiales, etc.). Por cierto, debe señalarse que el modelo de contrato programa no es ninguna novedad, sino que se venía aplicando en la Comunidad de Madrid hasta que en el año 2009 la presidenta Esperanza Aguirre rompió de manera unilateral su aplicación. Para CCOO resulta imprescindible una financiación suficiente y estable que garantice la prestación de un servicio público de enseñanza superior de calidad. La igualdad de acceso a la financiación por parte de las universidades, en base a unos criterios básicos comunes, no puede servir de excusa para generar diferentes niveles de financiación y, en consecuencia, de desarrollo, alegando el reconocimiento de su “singularidad”.

2.Creación de una "Unidad de Transparencia" conjunta, por encima de las ya existentes en cada universidad y que dependería de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) que coordinaría los niveles de control ya existentes.

3.Aprobación de una norma para fijar orientaciones sobre titulaciones que servirían como criterio para otorgar su autorización. Se mantiene de esta forma la pretensión de la CM de “dirigir y diseñar según su criterio” el mapa madrileño de titulaciones. La intervención administrativa en la autorización de las titulaciones debe atender a la adecuación de la oferta docente y a la demanda efectiva de formación, pero siempre respetando la dimensión social y formativa de la universidad. Sin negar la necesidad de coordinación y racionalización del mapa autonómico de titulaciones, su diseño debe ser el resultado del consenso y no de la imposición de criterios previos por parte de la CM, en muchos casos de sesgo puramente económico o empresarial.

4.Creación de "sellos de calidad” para atraer y retener el talento y garantizar un alto nivel en la labor docente. Mucho nos tememos que estas medidas sean puramente cosméticas y no garanticen una mejora sustancial del conjunto de la docencia y la investigación, sino de determinados grupos o proyectos.

CCOO entiende la conveniencia de disponer de un marco autonómico de regulación de las universidades. Pero este marco debe abordar la realidad de las universidades públicas en su conjunto y buscar soluciones globales, debidamente negociadas y consensuadas. Sin embargo, el gobierno autonómico no parece entender que para mejorar el sistema universitario madrileño es necesario contar con el conjunto de la comunidad universitaria y no legislar a sus espaldas.