Comisiones Obreras de Madrid | 9 diciembre 2024.

CCOO exige un convenio decente y justo para las 40.000 personas que directamente se ocupan de las personas dependientes

  • La calidad de vida y el bienestar de, al menos, 215.000 solicitantes de Dependencia que se estima hay en Madrid, está en manos de profesionales que cobran menos de 900 euros
  • En la última década, el número de cuidadores y personal de Enfermería que atiende a los dependientes se ha reducido a la mitad
  • Las jornadas completas son de más de 10 horas, predominan los contratos temporales y abundan las jornadas parciales

07/11/2019.
Concentración este jueves ante la sede de la patronal madrileña

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La Federación de Sanidad de CCOO Madrid se suma al calendario de movilizaciones convocadas en todo el Estado, en el sector de la Dependencia, ante la pasividad de la patronal en la negociación del VIII Convenio Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. Un sector, que constituye el cuarto pilar del bienestar, y con personal mayoritariamente femenino que tiene condiciones de trabajo penosas, una elevada tasa de enfermedades musculo- esqueléticas y nerviosas, un alto índice de automedicación y unos salarios ínfimos.

CCOO exige la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que cuida a las personas dependientes. En la Comunidad de Madrid, el sector emplea directamente a casi 40.000 profesionales, que en un 90 por ciento de los casos cobran menos de 1.000 euros de salario, trabajan más de 10 horas, tienen contratos temporales, jornadas parciales y alto riesgo de lesiones y enfermedades laborales provocadas por la dureza de su trabajo.

El 31 de diciembre de 2018 había en la Comunidad de Madrid 215.000 solicitudes de personas que habían reclamado la situación de dependencia; 161.368 tenían derecho a prestación. Esto significa que el 3% de la población madrileña necesita apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Una buena parte son atendidos en residencias o centros de día, otros tienen ayuda de teleasistencia o domiciliaria, muchos son cuidados directamente por sus familiares.

El Sistema de Dependencia en la Comunidad de Madrid genera cerca de 40.000 puestos de trabajo directos. Solo en 2018 se crearon 4.600 nuevos empleos, según el XIX Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, consecuencia fundamentalmente del incremento operado en la Ayuda a Domicilio como prestación generadora de empleo. La tasa de empleo generado en este sector es de 40 empleos por millón, superior a la media nacional que está situada en 37,7 empleos por millón.

Además, si se hubiera aprobado el incremento de 415 millones del Nivel Mínimo de Protección contenido en el Pacto de Estado por la Dependencia la Comunidad de Madrid recibiría 62 millones de euros para refuerzo del Sistema, se podrían atender 9.000 nuevos dependientes y se hubieran generado 2.455 nuevos empleos.

El retorno a las arcas públicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Comunidad de Madrid, provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los profesionales o recaudación de IVA por los servicios prestados en el sector supuso, en 2018, más de 423 millones de euros, lo que supuso una tasa de recuperación del gasto público de casi la mitad (44,22%) del total invertido.

Condiciones indignas

A pesar de ser un sector que emplea de forma directa a más del 3% de la población en edad laboral y que cuida a buena parte de la población madrileña más vulnerable, es uno de los sectores más precarizados y más feminizados. La FSS-CCOO denuncia que, durante el último año, las organizaciones patronales han mostrado una falta de respeto total hacia las trabajadoras y trabajadores del sector de la Dependencia, enlenteciendo deliberadamente la negociación con excusas y sin propuestas. En la última década, en las residencias y centros de día de la Comunidad de Madrid, las ratios de cuidadoras y cuidadores por usuario han caído a casi la mitad, lo que repercute directamente en los cuidados y atención que reciben los dependientes. Los cuidadores constatan que las empresas conocen que se dedica mucho menos tiempo al usuario/a para ahorrar costes de personal, con reducción de plantillas, empleos temporales y jornadas parciales.

Desde el 1 de enero de 2018, los profesionales que trabajan con los dependientes en la Comunidad de Madrid han perdido muchos derechos laborales adquiridos. En diciembre de 2017 se derogó el convenio de Madrid y con esto permisos retribuidos, excedencias, se aumentó la jornada anual y los sueldos bajaron entre 90 y 200 euros, entre otros recortes. La mayor parte de los gerocultores y gerocultoras tienen un salario que de 900 euros. Todo esto ocurre en un sector en el que el 95% de los profesionales son mujeres y más del 80% de los contratos son parciales.

Salud laboral y policonsumo

Además, las trabajadoras de este sector presentan un alto índice de con policonsumo de fármacos, ya que unos medicamentos les lleva al consumo de otros para paliar los efectos de los primeros. Entre los fármacos que más consumen destacan los analgésicos o antiinflamatorios y los relajantes para aliviar el dolor muscular. Luego surgen los ansiolíticos para tratar el estrés y la ansiedad que sufren por las altas cargas y ritmos de trabajo ocasionada por unos residentes cada vez más pluripatológicos que suponen mayor grado de dependencia y por tanto de atención.

Para CCOO es imprescindible que se evalúen adecuadamente los riesgos a los que están sometidas estas trabajadoras, que se mejore significativamente la vigilancia preventiva de la salud y que se garantice una formación adecuada para cada puesto de trabajo, cubriendo aspectos técnicos y relacionales en las residencias.

Mínimo 1.000 euros mensuales

CCOO ha hecho una propuesta de subidas salariales que den cumplimiento a lo acordado con la CEOE, que recoge alcanzar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2021. La patronal no sólo la rechaza, sino que no hace ninguna propuesta.

El sindicato condena esta actitud que considera “intolerable” e insta a la patronal a que reconsidere su actitud aceptando la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal que cuida a las personas dependientes.

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