Desde el inicio del estado de alarma en marzo, el comportamiento del gobierno regional del Partido Popular y Ciudadanos, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha sido errático, temerario, insensible e incapaz de adoptar las decisiones adecuadas para afrontar la situación sanitaria provocada por la COVID-19. Anteponiendo una desescalada rápida, con el pretexto de la recuperación económica, ha intensificado su particular disputa partidista con el Gobierno de España.

Lejos de buscar una política de consenso con el resto de partidos de la cámara regional, basada en elementos fundamentales como el refuerzo de los servicios públicos, la coordinación de todas las consejerías y sus respectivos equipos para dar una respuesta unitaria a la crisis o la interlocución y colaboración con los agentes sociales y con la sociedad civil organizada, en el objetivo común de atender a las personas más vulnerables, Díaz Ayuso y su gobierno han optado por una política frentista, hasta con sus propios socios de gobierno.

Esta forma de gobernar, despreciando las ofertas de diálogo de los partidos de la oposición, lejos de los problemas reales de la ciudadanía, dificultando el control del gobierno por la oposición en la Asamblea de Madrid y prolongando la paralización administrativa, ha aprobado medidas que responden a intereses económicos de grandes corporaciones y que no responden a la emergencia social que padecemos.

En estos siete meses hemos visto el vaciamiento de recursos de los centros de salud de Atención Primaria, estructuralmente maltratados, para redirigirlos al hospital de campaña de IFEMA, el abandono de la prevención y el seguimiento sanitario en los barrios y municipios, hasta convertir a Madrid en la comunidad con mayor número de contagios registrados y de fallecimientos en hospitales.

La desastrosa gestión de las residencias de mayores se cobró la vida de más de 8000 personas, en torno al 11% de las que vivían en ellas, exponiendo a las plantillas, mermadas y precarizadas, a situaciones de extrema presión emocional y riesgo para sus vidas. Fueron semanas de menús hipercalóricos y desequilibrados para niñas y niños de familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, desoyendo la voz autorizada de expertos y dietistas, de las asociaciones de madres y padres de alumnos y de entidades defensoras de los derechos de la infancia.

Las promesas de aviones cargados de material médico que no llegaban o no eran tales, acusaciones falsas contra el gobierno de España de bloqueos de dichos materiales en contra Madrid, abandonos, retrasos o incomparecencias de la presidenta madrileña en reuniones de trabajo entre el gobierno central y las comunidades autónomas con excusas pueriles, a lo que se sumó el abandono del Consejo de Gobierno encargado de aprobar la solicitud de cambio de Fase al gobierno central, poniendo de manifiesto la frivolidad de Díaz Ayuso en su acción de gobierno. Un caos y desgobierno solo matizado por la implicación y compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que en ámbitos esenciales aseguraron nuestra vida aun poniendo en peligro las suyas.

Con esa frivolidad, sin haber terminado de parar la pandemia, clausuró el hospital de campaña de IFEMA en un acto irresponsable de propaganda y autobombo, aunque la ocupación de las UCI de la red hospitalaria regional seguía por encima de sus cifras habituales; rechazó la renovación de contratos de 10.000 profesionales sanitarios, pese a que la mayoría de las residencias de mayores seguía y siguen sin medicalizarse y los centros de Atención Primaria seguían por entonces colapsados, como ahora, con cerca de 5.000 profesionales de baja por contagio.

Rescindió los contratos con las empresas que daban el servicio de comedores escolares, así como el convenio con municipios para la cofinanciación de las escuelas infantiles, llegando a junio sin saber nada sobre las condiciones de escolarización para el curso 20-21, desastre que se ha prolongado hasta este mes de septiembre, pese a haber tenido meses para organizarlo, abandonando a los equipos docentes y familias a su suerte y depositando en ellos toda la responsabilidad de gestionar las condiciones básicas de protección de la población escolar.

Lejos de articular ayudas especiales dirigidas a las familias con vulnerabilidad sobrevenida, de algún modelo de protección social como respuesta a la crisis del COVID-19, asistimos con perplejidad a la suspensión cautelar de las ayudas RMI a cientos de familias en pleno mes de agosto, con una interpretación torticera y parcial de la ley de RMI

Se permitió la caza en zonas protegidas en plena época de cría, atendiendo al lobby cinegético, pero no se trabajó en un plan para reducir los residuos hospitalarios o para tener un transporte seguro y sin emisiones en la desescalada de la pandemia.

De espaldas a los datos de desempleo y de cierre de empresas, las medidas para paliar las consecuencias han venido del Gobierno de España y del acuerdo con los agentes sociales: ERTE, cese de actividad autónomos, ampliaciones de prestaciones desempleo o IMV. Tan solo en la región se han implementado el acuerdo con patronal y sindicatos en las medidas en prevención contagio en los centros de trabajo.

El gobierno de Díaz Ayuso y Aguado ni ha contribuido a paliar el recorte salarial de los ERTE ni la ausencia de prestación de personas en paro. Y tampoco ha presentado propuesta alguna que pueda suponer o componer un plan creíble de reconstrucción de la economía y el empleo en la región.

En esta situación inédita, incierta y desconocida para todos, que hace presagiar una recuperación lenta y difusa, que seguramente va a necesitar de muchos meses de mantenimiento de ERTE, de ayudas sociales y, por tanto, de búsqueda de soluciones alternativas a las empresas y sus actuales líneas de negocio. Díaz Ayuso y Aguado tiraron de recetario neoliberal y su única propuesta es una nueva ley del suelo y sustitución de licencias urbanísticas por declaraciones responsables para un sector empresarial, el del ladrillo, que acumula históricamente un nefasto currículum de corrupción.

Por si todo esto fuera poco, llegaron a la obcecación en solicitar el pase de la Comunidad de Madrid a la Fase 1 de desescalada, sin cumplir las condiciones necesarias para ello, cobrándose la dimisión de la Directora General de Salud Pública regional, que no quiso firmar el informe preceptivo para cursar la solicitud al Ministerio de Sanidad.

Una solicitud basada en el deseo inmaduro y ansioso de salir de una situación incómoda, en la que nadie quería estar, pero sin hacer nada, o no lo suficiente, para corregir lo que nos mantenía en la Fase 0. Una solicitud fundada en anteponer el beneficio económico de unos pocos a la protección de la salud de todas y todos. Un enfoque miope que ha desembocado en la situación actual. El previsible rebrote del virus nos ha vuelto a pillar desprotegidos, sin la preparación adecuada y en un estado de vulnerabilidad inaceptable.

Pese a contar con fondos estatales para haber dispuesto de todo lo necesario para afrontar la segunda ola del virus, Díaz Ayuso y Aguado han optado por construir un hospital de pandemias, tan caro como ineficaz, mientras seguimos sin rastreadores suficientes, muy lejos de los más de 2000 necesarios.

Los centros de salud colapsados sin las y los profesionales necesarios, obligados a asistir telefónicamente a sus pacientes que, en muchos casos, deben hacer numerosas llamadas o esperar colas interminables para conseguir cita; con los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) cerrados y cada vez más colapsado el servicio de SUMMA 112; la Comunidad de Madrid presenta una incidencia de 618 casos activos por 100.000 habitantes, mientras que en nuestros países vecinos ninguna zona supera los 350. Hemos llegado ya a la temida realidad de tener todas las camas UCI ocupadas y la situación sigue empeorando.

La respuesta del ejecutivo madrileño a este desastre, en medio de un caos de comparecencias anuladas sin precedentes, ha sido el confinamiento selectivo de 37 zonas de la región. Aquellas que presentan peores datos socioecómicos, que son más vulnerables y, por tanto, más sensibles a la acción del virus.

Contrariamente a la opinión de expertos, en estas 37 zonas se cerrarán los parques y se restringe la movilidad a lo que el ejecutivo considera actividades esenciales, como ir a trabajar o a los centros educativos en cualquier zona de la comunidad, por lo que la medida no impedirá la propagación del virus.

Las vecindades de las 37 zonas restringidas se sienten señaladas, estigmatizadas, acusadas falsamente de irresponsabilidad en sus relaciones sociales y familiares, por lo que muestran su rechazo y reclaman un trato justo y no discriminatorio. Unas medidas restrictivas que, para las organizaciones firmantes, son plenamente rechazables por inútiles y por su claro tinte segregador.

Por todo lo anterior y ante temor de que la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid empeore aún más para la salud de la ciudadanía y la salida de la crisis, coincidiendo con la reunión entre los presidentes de gobierno de la Comunidad de Madrid y de España, las entidades abajo firmantes exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que adopte las siguientes medidas:

-Adopción de un plan riguroso, basado en criterios científicos para toda la región, que incorpore las imprescindibles e inmediatas medidas sanitarias para controlar la pandemia: contratación de rastreadores hasta llegar a los 2.000 que recomiendan los expertos, refuerzo de los Centros de Salud para su plena operatividad, garantías habitacionales para el confinamiento de casos y contactos, y asignación de medios para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas generales de salud pública publicadas en el BOCM. En concreto, con urgencia, el refuerzo de

• • Equipo de rastreadores hasta alcanzar el número recomendado por las instituciones expertas internacionales en la materia.
  • Personal de los laboratorios y del material necesario para reducir los tiempos de espera actuales de los resultados PCR.
  • Personal sanitario en los centros de Atención Primaria, que una vez alcanzada la media europea no deberá reducirse en los próximos años, e incrementar progresivamente su presupuesto para garantizar las plantillas con el personal necesario.

-La creación de un comité científico que pilote y controle todas las decisiones sanitarias a adoptar durante el tiempo que dure la pandemia, así como la constitución de un grupo de crisis integrado por todos los agentes, políticos, institucionales, sindicales, sociales y económicos, representantes de la sociedad madrileña organizada, en el que los Ayuntamientos deben tener un espacio relevante.

-El refuerzo del transporte público que garantice que su ocupación no supere una persona por metro cuadrado de superficie.

-Intensificar la vigilancia e inspección de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, asegurar su medicalización y, en su caso, la hospitalización de las personas residentes en coordinación con los recursos sanitarios, así como la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las plantillas.

-El refuerzo de personal docente, de acompañamiento educativo y de servicios generales que garantice el funcionamiento seguro y eficaz de los centros educativos. Y, en especial, de personal de enfermería y coordinación con los centros de salud.

-La reserva de calzada necesaria para transporte público y movilidad ciclista que garantice su uso prioritario en el transporte ciudadano.

-La compatibilidad de la Renta Mínima de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital, así como la implantación rápida del segundo en un plazo no superior a un mes.

-El refuerzo de los Servicios Sociales para garantizar la prevención y eliminación de las situaciones de riesgo social, potenciando prestaciones de emergencia, servicios de apoyo domiciliario y recursos habitacionales alternativos, entre otros.

Así mismo, anunciamos que el próximo domingo 27 de septiembre celebraremos una manifestación unitaria a la que convocamos a toda la ciudadania y sus organizaciones sociales, para reclamar un abordaje de la actual situación de pandemia acorde al planteamiento de este manifiesto. Apoyamos también las movilizaciones sectoriales que se estan convocando estos días en defensa de los servicios públicos.

Lanzamos esta declaración con la intención de incorporar al mayor número de organizaciones sociales de la región, que esperamos se sumen en los próximos días.

Organizaciones firmantes:
ADSP Madrid – CCOO Madrid – FRAVM – IU – Más Madrid – Podemos - PSOE-M – UGT Madrid