Miles de personas se han manifestado este domingo 13 de octubre en las calles de Madrid para pedir la reducción de los precios del alquiler tanto en la capital como en el resto de España.

Cerca de 40 asociaciones, partidos políticos de izquierda y sociedad civil han participado en la movilización convocada baja el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres'.

El precio del alquiler en la capital ha subido un 15,7% desde septiembre de 2023, según informa el portal inmobiliario 'Idealista'

🔗 Manifiesto

La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho. Es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española, que en su artículo 47 protege el “derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

El derecho a la vivienda sostiene otra serie de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la salud o la educación. Es uno de los ejes fundamentales para garantizar una vida digna a cualquier ser humano, sea quien sea, venga de donde venga o viva donde viva.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo, venimos constatando como este derecho fundamental para la vida se ha convertido en uno de los nichos de mercado más lucrativos para la banca, las grandes corporaciones y para empresas y rentistas dedicados a la especulación.

El rentismo se ha convertido en una actividad económica que ha socavado gravemente las condiciones de vida de la ciudadanía. La especulación inmobiliaria, especialmente la que atañe al mercado del alquiler y los pisos turísticos, ha generado unas condiciones absolutamente insostenibles para acceder a una vivienda. El exiguo parque de vivienda pública existente no solo no es suficiente para hacer frente a esta dramática situación, sino que ha sido y es objeto de venta y negocio propiciando que, mientras un pequeño sector de la población se enriquece, el resto de la ciudadanía debe afrontar condiciones inasumibles Este modelo no solo no produce ningún beneficio o avance para la sociedad sino que ha generado un tensionamiento del precio de la vivienda sin precedentes con unas consecuencias desastrosas. Los barrios residenciales están siendo sustituidos de forma progresiva por enormes complejos turísticos incompatibles con la vida, gentrificados, asequibles únicamente a personas de elevadas rentas o troceados entre empresas cuyo único objetivo es vivir de forma parasitaria del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esta es una de las principales causas de que la población joven de nuestro país no pueda acceder a la vivienda y de que la emancipación se haya convertido en una quimera que solo puede alcanzar la clase más pudiente. Es la causa del empobrecimiento general de una sociedad que ha normalizado los desahucios como una práctica cotidiana porque existen familias que no pueden hacer frente a las imposiciones económicas de un mercado desregulado e injusto controlado por los que más tienen.

 Esta realidad es posible porque todas las administraciones del estado, en mayor o menor medida, han hecho dejación de funciones, procurando jugosos negocios a banca y especuladores. Ahora es necesario revertir esta situación y que todos los poderes del estado asuman sus responsabilidades legales y sociales. 

Como primera medida, es necesario y urgente ampliar el parque público de vivienda, teniendo en cuenta los nuevos retos del presente como el cambio climático, creando y rehabilitando viviendas energéticamente sostenibles, generando un marco de convivencia saludable con el medio ambiente y garantizando la accesibilidad económica para toda la ciudadanía. 

Así mismo, las viviendas vacías en manos de grandes tenedores destinadas al turismo o al rentismo como práctica económica, deben ser recuperadas y reconvertidas para su verdadero propósito: ser hogares. No es aceptable que haya casas sin gente cuando hay gente sin casa.

No es satisfactoria la tibia posición que ha venido manteniendo sobre este tema el gobierno de España. A pesar de que la puesta en marcha de la nueva de Ley de Vivienda ha sido un paso adelante en la dirección correcta, no ha solventado muchos de los problemas estructurales de la crisis que estamos sufriendo puesto que no recoge la obligación de proporcionar una vivienda digna, adecuada y asequible a quien la necesite; la prohibición real de desahucios sin alternativa habitacional, la penalización por el uso especulativo de las viviendas o la intervención y regulación de precios para evitar subidas insostenibles. Igualmente, tampoco ha recuperado la obligación de los promotores de actuaciones urbanísticas de destinar un porcentaje de los nuevos inmuebles a vivienda social. Además, el Sareb, del que es accionista mayoritario el Gobierno, está desahuciando y vendiendo parte de su parque de viviendas a fondos buitre. 

En la Comunidad de Madrid, el modelo implementado durante décadas por el Partido Popular ha ocasionado que acceder a una vivienda digna sea prácticamente imposible. A raíz de la crisis de 2008, a la par que se criminalizaba toda forma de ocupación – sin tener en cuenta que en numerosas ocasiones es el último recurso de familias vulnerables para tener un techo – se vendía el parque de vivienda pública a precio de saldo a los denominados fondos buitre. De igual manera, durante estos años se ha favorecido que el negocio del turismo se imponga sobre las necesidades de los barrios, ocasionando que las ciudades ya no sean de sus vecinos y vecinas, expulsados del centro a barrios o municipios de la periferia donde tampoco es posible encontrar una vivienda con unas condiciones asequibles, que incluso muchas veces son discriminatorias por motivos de edad, raza, género, discapacidad, renta o procedencia. Desarrollos como la Operación Chamartín o la Operación Campamento no hacen sino poner en evidencia que la última prioridad son las necesidades sociales. Esta situación es completamente insostenible.

A pesar de ello, la actitud de la Comunidad de Madrid en sus sucesivas reformas legislativas ha sido la de seguir favoreciendo la especulación urbanística incluso a costa de sacrificar valiosos entornos medioambientales. En una Comunidad con más de ciento ochenta mil viviendas vacías, en lugar de reordenar y regular las existentes, apuesta por seguir construyendo sin control miles de nuevas viviendas que no solventan ninguno de los problemas reales de las familias y que, además, tienen un impacto muy negativo en zonas de alto valor ecológico.

El gobierno regional impulsa este modelo que es incompatible con la vida digna, el respeto a nuestro entorno natural y que segrega a la población madrileña. Gobierno que incluso se ha declarado en rebeldía a la hora de aplicar políticas que palíen el incremento del precio del alquiler como es la declaración de zonas tensionadas. Este modelo incide directamente en el aumento de un mayor riesgo de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, que en la región

alcanza a 1’5 millones de personas, de las cuales 300 mil son menores de edad. No debemos pues extrañarnos que el fenómeno del sinhogarismo crezca de una forma alarmante en nuestra Comunidad.

Mención aparte merece su desidia y falta de empatía respecto al problema que ellos mismos generaron en San Fernando de Henares con la construcción de la línea 7B de metro. Ignorando todos los informes técnicos han ocasionado que haya más de 600 viviendas agrietadas, 21 calles afectadas, 73 hogares derribados, comercios y espacios públicos demolidos y la devaluación generalizada de un municipio que, literalmente, se hunde… O como el caso de la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, la mitad niños y niñas, llevan cuatro años sin 

suministro eléctrico, incumpliendo el Pacto Regional que firmaron todas las administraciones para dignificar el barrio.

Tampoco la mayor parte de los ayuntamientos son inocentes de la actual situación. Además de no preparar a las ciudades para el impacto del cambio climático, llegando incluso a talar masivamente árboles o de minimizar las zonas de bajas emisiones a pesar de ello suponga un alto peaje en vidas humanas, siguen sin aplicar las medidas a su alcance para limitar la especulación como es aplicar un tipo más elevado de IBI a las viviendas vacías o impulsar parques públicos de vivienda social incorporando, principalmente, a los mismos viviendas ya existentes desocupadas. En definitiva, utilizan sus competencias en urbanismo únicamente para cuadrar sus balances presupuestarios en lugar de para procurar un entorno social y medioambientalmente sostenible.

Para cambiar el actual estado de cosas, exigimos:  

1. La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso de un Plan Estatal de Vivienda Pública. Igualmente el gobierno central debe intervenir y adoptar medidas para el cumplimiento por parte de la Comunidad de la mencionada Ley.

2. La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas tensionadas cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.

3. El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de la vivienda de protección social en alquiler. Reclamamos que desde las competencias municipales, autonómicas y estatales se adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública y alquiler social asequible así como la recuperación de viviendas vacías y del parque de todas las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos de inversión o bancos, incluso expropiando las mismas por interés social.

4. La adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.

5. La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler así como el cierre de los actualmente existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de alquiler.

6. La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda. 

7. La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda.

8. El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales.

9. La solución de la situación creada en San Fernando mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.  

10. La preservación y refuerzo en cualquier proyecto urbanístico de los valores medioambientales de los entornos a los que afecten.

Estas exigencias no pueden ser un simple grito al aire de desesperación y rabia. Tienen que abrir un nuevo camino y concretarse en un trabajo cotidiano que asegure el cumplimiento de todos nuestros objetivos. Por eso, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se organice en los centros de estudio, centros de trabajo, asociaciones vecinales, asambleas y cualquier espacio social colectivo.

Nuestro futuro está en juego, y solo organizándonos, construyendo un contrapoder real y sólido podremos conquistar nuestros derechos. Nuestra reivindicación es clara: la vivienda es un derecho, no un privilegio, y lucharemos por ella hasta las últimas consecuencias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

POR CIUDADES Y PUEBLOS HABITABLES 

Listado de colectivos que impulsan y apoyan la movilización