Comisiones Obreras de Madrid | 19 abril 2024.

CCOO critica la situación de la vivienda en la Comunidad de Madrid

    05/10/2021.
    Pisos en construcción en la Comunidad de Madrid

    Pisos en construcción en la Comunidad de Madrid

    El sindicato considera muy positivo para esta región que varios grupos políticos hayan presentado en el Congreso de las/los Diputadas/os un borrador de ley, impulsado por las organizaciones sindicales y sociales para garantizar el derecho a la vivienda, ya que esta región es una de las más afectadas por su carestía y encarecimiento.

    Las políticas de especulación del suelo desarrolladas durante años por los diferentes gobiernos del Partido Popular, han provocado un encarecimiento del precio de la vivienda en Madrid, lo que genera situaciones de extrema vulnerabilidad, limita la vida de las familias trabajadoras e impide proyectos vitales y familiares, sobre todo entre los jóvenes. Además es un tapón a un cambio de modelo productivo, promueve el crecimiento urbano especulativo y medioambientalmente insostenible, genera desequilibrio territorial y social y es un sumidero continuo para los ingresos familiares.

    Incluso las familias que sí han accedido a una vivienda deben realizar un sobresfuerzo, dedicando a este bien básico una parte importante de los ingresos y comprometiendo el acceso a otros bienes. El 13% de la población que vive en Madrid asume un gasto elevado en vivienda en relación a sus ingresos, lo que significa que su capacidad de pago está en riesgo. Y junto a estas personas en riesgo de no poder asegurar el pago de su vivienda, hay un porcentaje elevado de población que destina una parte excesiva de sus ingresos a su pago o se ven obligados a un fuerte endeudamiento durante una gran parte de su vida.

    Paralelamente, en la Comunidad de Madrid hay según el último censo de vivienda 2,9 millones de viviendas privadas. De ellas, casi 2,5 millones estaban ocupadas como vivienda principal y 162.000 como viviendas secundarias. Pero además había 263.000 viviendas vacías y seis de cada diez de estas viviendas vacías se encuentran en la ciudad de Madrid, lo que indica que Madrid no tiene un problema de falta de vivienda sino de acceso a ella.

    Sin embargo, en la Comunidad de Madrid han prevalecido los intereses especulativos sobre el acceso a la vivienda como derecho y sobre consideraciones ambientales. En vez de poner en uso y favorecer el acceso asequible a las viviendas que ya existen, se ha seguido una política de promover la construcción de nuevas viviendas, la ocupación de más suelo y los desarrollos urbanísticos cada vez más alejados, obligando a más desplazamientos, más consumo de energía, más generación de residuos y menos disponibilidad de suelo para destinarlo a usos productivos, sociales o áreas verdes.

    Un modelo de vivienda que también tiene importantes efectos económicos y sociales. El precio de la vivienda contribuye a la segregación de la población, generando localidades y barrios que aglutinan las rentas más altas del país en viviendas lujosas y espaciosas a disposición solo de una minoría. Mientras, la mayoría de la clase trabajadora solo puede acceder a las viviendas de algunas zonas, pequeñas, menos confortables, a veces en barrios mal cuidados y con déficit de servicios públicos y equipamientos. La desigualdad social da paso a un desequilibrio territorial y ambos se refuerzan mutuamente.

    En ese conflicto de intereses entre una minoría que obtiene fuertes beneficios del negocio de la vivienda y los de la mayoría de la ciudadanía madrileña de tener una vivienda digna y accesible, una región con equilibrio territorial, servicios adecuados y bien planificados y sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, los diferentes gobiernos del Partido Popular han tomado claro partido por los primeros.

    Para CCOO de Madrid la iniciativa presentada en el Congreso de las Diputadas y Diputados es una muy buena noticia, pero exige al Gobierno regional actuaciones de emergencia para evitar la situaciones de pérdida de vivienda y otras medidas urgentes para regular el precio del alquiler y promover un parque público que haga frente a la necesidad de vivienda, poniendo en uso las ya existentes y frenando un uso descontrolado e insostenible del suelo.