Comisiones Obreras de Madrid | 21 noviembre 2024.

El mercado de trabajo en España no va por buen camino

  • El desempleo se reduce lentamente, disminuye la protección a las personas desempleadas y crece la precariedad

CCOO considera necesario un cambio en la estructura productiva que saque a la economía española desu patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta otra política presupuestaria, que aumente la inversión pública reorientándola hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas, y mejorar la protección a las personas desempleadas.

03/11/2015.
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Para CCOO los datos del mercado de trabajo del mes de octubre son malos y provocan gran preocupación, debido a que la recuperación de la actividad económica no se traslada a una mejora sensible del desempleo: en un año de alto crecimiento del PIB (3,4% anual con el dato adelantado del tercer trimestre) el paro aumenta en octubre más que en el mismo mes del año anterior.

El aumento de la afiliación en los últimos doce meses se localiza, básicamente, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro.

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor, con un peso muy bajo y decreciente de las actividades industriales, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficiente para dar una oportunidad de empleo a la gente. Lo más preocupante es que el Gobierno se encuentra a gusto con este modelo y es por el que apuesta para salir de la crisis, cometiendo los mismos errores que en el pasado.

El empleo que se crea es precario: temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, y está también detrás del importante aumento de los índices de exclusión social. Asimismo, es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna e impulsar un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro.

Para ello, es necesaria una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. CCOO considera imprescindible aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo.

En España hay 1,8 millones personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE –más de 3,5 millones con datos de la EPA-, un altísimo nivel de desprotección que genera pobreza y exclusión y que debe ser combatido, implantando, entre otras medidas, una renta mínima en el conjunto del Estado.

En este sentido CCOO y UGT acaban de poner en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una Prestación de Ingresos Mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.

Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo. El numero potencial de beneficiarios se estima en 2 millones de personas, por lo que el coste anual del programa seria de 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80% del coste del programa.