En la última década, las políticas fiscales en la Comunidad de Madrid han estado dirigidas a reducir los impuestos a los contribuyentes con mayores ingresos y patrimonios, recurriendo a reducciones indiscriminadas en las bases imponibles y los tipos de tributación aplicables a los impuestos gestionados a nivel autonómico.

Con ello, la Comunidad de Madrid ha contribuido directamente a un incremento de la desigualdad. En el conjunto de España, Madrid se ha convertido en el refugio de las grandes fortunas y sus estrategias de elusión fiscal. Pero también dentro de la propia región madrileña, al reducir el efecto nivelador que la fiscalidad tiene sobre la desigualdad de ingresos e, indirectamente, al ofrecer a la ciudadanía madrileña unos servicios públicos faltos de recursos como consecuencia de la baja recaudación fiscal.

Desde CCOO de Madrid, creemos que es de justicia que quién más tiene, más pague. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

1. Eliminación de la actual bonificación del 99% al Impuesto de Patrimonio, de los que se benefician únicamente 19.508 contribuyentes, con un patrimonio medio de 10,3 millones de euros. Esta medida permitiría recaudar unos 1.000M€ adicionales

2. Recuperación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones vigente antes de las bonificaciones del 99% introducidas en 2006.

3. Incremento de la progresividad del IRPF, al menos hasta igualar la estructura tributaria estatal, y eliminación de aquellas deducciones más regresivas (arrendadores de vivienda, adquisición de acciones y participaciones sociales o para atraer inversiones extranjeras).

4. Incremento de la fiscalidad del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) para desincentivar las transacciones especulativas, tales como los gravámenes reducidos para las operaciones de sociedades inmobiliarias.

5. Desarrollo de una fiscalidad propia con elementos redistributivos, como podría ser la tributación por la tenencia de activos no productivos.

En la Comunidad de Madrid, los servicios públicos han pasado de ser un derecho a un negocio. Madrid es la comunidad autónoma líder en gestión privada y concertada de hospitales, escuelas o residencias, en beneficio de fondos privados y fundaciones afines al Gobierno Regional.

Al mismo tiempo, la escasez de recursos en la red pública y los incentivos fiscales de la Comunidad de Madrid han fomentado que gran parte de la ciudadanía madrileña recurra privadamente a servicios como la Sanidad, la Enseñanza o los Servicios Sociales o que han obligado a muchas mujeres a ocuparse de los cuidados domésticamente, abandonando el mercado laboral.

Salud, educación o cuidados son derechos fundamentales. Como lo son el derecho a una justicia efectiva o a la información plural e independiente. Y sólo la gestión pública directa puede garantizar que el acceso a los mismos no dependa del nivel de ingresos.

Desde CCOO de Madrid, defendemos servicios públicos para toda la ciudadanía. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

6. Incrementar el presupuesto de la Sanidad Pública para alcanzar, al menos, la media española, situada en el 6,9% del PIB, e incrementar las dotaciones de Atención Primaria hasta el 25% del presupuesto global de sanidad.

7. Duplicar el gasto en Educación hasta alcanzar la media de la OCDE: recursos que deben destinarse a la educación pública y no a la expansión de los conciertos educativos.

8. Reorientar los recursos destinados a los servicios residenciales para personas mayores a la expansión de la red de titularidad pública, gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid.

9. En Justicia, compromiso con la ampliación de las plantillas y la modernización de las infraestructuras, con el fin de asegurar una justicia de proximidad y calidad.

10. Reversión del recorte del 10% efectuado en el Contrato Programa de Telemadrid, con el fin de asegurar la viabilidad de la radiotelevisión pública madrileña.

La Comunidad de Madrid ha basado su modelo de crecimiento en la atracción de la inversión financiera y de las sedes corporativas de grandes grupos empresariales, a través de una liberalización extrema de la economía madrileña. Esta enorme concentración del poder económico, fundamentalmente en algunos distritos de la Ciudad de Madrid, conlleva una realidad dual, la de las grandes sedes corporativas por un lado y la del tejido productivo local, por el otro. 

Se trata, además, de un modelo caduco, incapaz de dirigir la transformación de la economía hacia los sectores de mayor productividad y de afrontar los retos de la transición verde y la digital.

Desde CCOO de Madrid creemos en la necesidad de una economía diversificada y resiliente. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

11. Derogación de las leyes liberalizadoras (Mercado abierto, Ómnibus…) que impiden la regulación ordenada de la economía madrileña.

12. Reactivación del Plan Industrial 2019-2025, con el fin de alcanzar los objetivos de empleo y producción industrial allí definidos.

13. Elaboración de un Plan integral de Transformación Climática, con el fin de coordinar las medidas relativas a la transición verde (rehabilitación energética de viviendas, desarrollo de la economía circular, fomento de las energías renovables…) e identificar necesidades de apoyo sectorial y a colectivos vulnerables.

14. Duplicar la inversión pública regional en I+D+i, con el fin de alcanzar la media autonómica en % del PIB.

15. Recuperar el Consejo Económico Social de la Comunidad de Madrid, con el fin de asegurar la participación de los agentes sociales en la elaboración de las políticas regionales.

La polarización y desigualdad de la sociedad madrileña tiene también una dimensión territorial. La concentración de la actividad económica en unas pocas áreas de la Comunidad de Madrid (o, incluso, de la propia Ciudad de Madrid) y la insuficiente regulación de los mercados del suelo y de la vivienda ha conducido a una desvertebración de la región madrileña y al éxodo de gran parte de su población, especialmente jóvenes, hacia barrios y ciudades alejados de sus centros de trabajo.

Iniciativas como la de la Alianza Sur han puesto de relieve la división entre los municipios pobres y ricos de la Comunidad de Madrid, con abismales diferencias en términos de ocupación y actividad, o de acceso a infraestructuras y servicios públicos: diferencias que se reproducen en el seno de la propia Ciudad de Madrid, con las diferencias entre los barrios ricos y pobres de la capital. Diferencias, además, que persisten en el tiempo, toda vez que la desigualdad asociada a la segregación social implica también desigualdad de oportunidades para cada generación.

Desde CCOO de Madrid, defendemos la cohesión territorial de la Comunidad de Madrid. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

16. Creación de un Fondo para el reequilibrio regional, con el fin de fomentar la inversión económica en los municipios de la Región de Madrid con menor renta per cápita.

17. Fomentar las iniciativas de colaboración interadministrativa y con los agentes sociales con el fin de favorecer iniciativas de desarrollo económico de base comarcal.

18. Introducir en los planes de inversión criterios orientados al reequilibrio regional en las dotaciones de servicios públicos.

19. Mantener la gratuidad en el transporte público colectivo, con el fin de asegurar una movilidad sostenible y asequible para la ciudadanía madrileña.

20. Elaboración de una Ley de Vivienda que defina intervenciones para reducir los elevados costes de la vivienda (limitación de apartamentos turísticos, penalización de la tenencia de pisos vacíos, congelación de alquileres etc.).

En la Comunidad de Madrid aproximadamente 1,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social cuando se toma de referencia la renta mediana española (el 21,6% del total de personas residentes en la región). De estas, unas 500.000 personas viven con carencias materiales y sociales severas, según los datos relativos a 2021.

Estas personas son, además, en su mayoría mujeres: por lo que las políticas feministas deben integrarse con la lucha contra la exclusión social.

Desde CCOO de Madrid, manifestamos que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser una prioridad del futuro Gobierno Regional. Por ello, proponemos las siguientes medidas:

21. Redefinir la actual Renta Mínima de Inserción, con el fin de garantizar su complementariedad al Ingreso Minimo Vital y un ingreso mínimo equivalente al umbral regional de pobreza severa. Deben integrarse normativamente las prestaciones dirigidas a la cobertura de las necesidades vitales (sanidad, educación, vivienda, movilidad, suministros…) de los hogares en situación de pobreza y exclusión social, con el fin de garantizar su complementariedad y suficiencia.

22. Dotar el Sistema Público de Servicios sociales con los recursos humanos y económicos suficientes para el desarrollo de su actividad, revirtiendo la privatización de los servicios existentes.

23. Restablecimiento del suministro eléctrico a la Cañada Real, en cumplimiento de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales.

24. Adopción de un Plan de Choque contra el sinhogarismo, con el fin de asegurar una alternativa habitacional digna y el acceso a los recursos necesarios (incluidos sociales y sanitarios) a las personas que se encuentran en esta situación de extrema vulnerabilidad.

25. Aprobación de una Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Como sindicato de clase, feminista y sociopolítico, las CCOO de Madrid ponemos en el centro de nuestra actividad la defensa de los derechos de las personas trabajadoras.

En los últimos años, el mercado de trabajo ha evolucionado hacia una creciente polarización, en el que convive un incremento de la ocupación en los sectores de mayores ingresos con el crecimiento del empleo en sectores precarios de bajos salarios (generalmente feminizados) o la aparición de nuevas formas de devaluación de las condiciones de trabajo salarial, como el recurso a la economía de plataformas.

Desde CCOO de Madrid, defendemos la necesidad de un trabajo con derechos. Por ello, planteamos las siguientes medidas:

26. Elaboración de una Estrategia para el Empleo en Madrid para el periodo posterior a 2023, con el fin de mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo y su complementariedad con las políticas de formación y de inclusión social autonómicas.

27. Expansión del Empleo público con derechos, tomando como referencia la necesidad de implementar la semana de 35 horas y de adecuar las plantillas a las necesidades de servicios de la ciudadanía.

28. Reforma del marco de contratación pública para garantizar la protección de las personas trabajadoras situando, por ejemplo, la obligación de un salario mínimo no inferior al 60% del salario medio regional.

29. Impulso a la negociación colectiva en el ámbito autonómico, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones laborales en la región.

30. Refuerzo de las políticas de salud laboral ante el preocupante incremento en la siniestralidad laboral.